11 de agosto 2010 - 20:07

Allanaron oficinas del Gobierno de la Ciudad por el derrumbe

El juez federal Norberto Oyarbide.
El juez federal Norberto Oyarbide.
El juez federal Norberto Oyarbide ordenó allanar las oficinas de la Dirección General de Protección del Trabajo a raíz de una denuncia del diputado porteño Marcelo Parrilli (MST) contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, tras el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza.

El allanamiento fue concretado en dependencias de la Dirección General de Protección del Trabajo del gobierno porteño, ubicadas en la calle Lima 221.

Macri fue denunciado ante la Justicia por el nombramiento supuestamente irregular del "encargado de mandar a realizar las inspecciones en el lugar donde se produjo el derrumbe" en el barrio de Villa Urquiza, y que arrojó la muerte de tres personas y dejó 11 heridos.

La presentación la hizo el legislador de izquierda Marcelo Parrilli ante Oyarbide, y en la misma acusó a Macri por la supuesta "comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real".

En el escrito, Parrilli recordó la "designación del titular de la Dirección General de Protección del Trabajo Angel Eduardo Rodríguez, quien no posee título alguno de especialización en Higiene y Seguridad del Trabajo", a quien también denunció junto con el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera.

Parrilli explicó que "como consecuencia de los hechos que son de público conocimiento vinculados al derrumbe de un edificio sito en la zona de Villa Urquiza de esta Ciudad a partir de la realización de una obra en un predio aledaño, tomé conocimiento en el día de ayer, cuando concurrió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que el funcionario carecía de especialidad.

"Lamentablemente el abandono del ejercicio del poder de policía por parte del Estado, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o su ejercicio irregular cruzado por la comisión de ilícitos, tiene injerencia directa en la vida o muerte de los habitantes y ciudadanos de esta ciudad, de ahí la importancia de avanzar en la investigación y castigo de los mismos", aseguró el legislador.

Además, aseguró que los inspectores Marta Baby y Federico Fernando Mastronardi "revistan en el listado de Inspectores y Verificadores de la Dirección antes referida y son los que se dirigieron al predio de la calle Mendoza de esta Ciudad en donde se estaba realizando la demolición del inmueble que, en definitiva, causó el derrumbe del gimnasio vecino".

"No puede dudarse que el decreto dictado por el jefe de Gobierno (poniendo en el cargo a Rodríguez) contiene una afirmación falsa respecto de que posee la idoneidad necesaria para el cargo para el cual fue propuesto y designado, toda vez que carece del título terciario requerido en materia de higiene y seguridad en el trabajo", sostuvo Parrilli.

En el escrito, acusó a Macri por la violación del artículo 293 del Código Penal que prevé penas de prisión de uno a seis años "al que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio".

"Al mismo tiempo, y en concurso real con el ilícito a que se hiciera referencia en el párrafo anterior, se configura también el ilícito previsto en el primer párrafo del artículo 253 del mismo cuerpo legal desde que se designa, nombra, para el cargo de Director General de la Dirección General de Protección del Trabajo, a una persona respecto de la cual no concurren los requisitos legales exigidos", concluyó el denunciante.

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