La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina denunciada en Brasil por un episodio de presunta discriminación racial, entró en una nueva fase con la implementación de una medida de control electrónico que le impide salir del país mientras avanza la investigación.
Brasil: la argentina denunciada por gestos racistas ya utiliza tobillera electrónica y sigue retenida en Río de Janeiro
La causa contra la turista argentina denunciada por injuria racial ingresó en su tramo final. La Justicia dispuso monitoreo electrónico mientras el expediente es evaluado por el Ministerio Público.
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La investigación policial está próxima a cerrarse y en los próximos días se resolverá si el caso avanza a instancia judicial o se archiva.
La turista debió presentarse en las últimas horas ante las autoridades penitenciarias del estado de Río de Janeiro para la instalación de una tobillera, mecanismo con el que la Justicia busca garantizar su localización hasta que se resuelva el futuro del expediente.
La decisión se adoptó en el marco de una causa que investiga un incidente ocurrido a mediados de enero en un bar de la capital carioca, donde un empleado denunció haber sido víctima de insultos y gestos de carácter racista tras una discusión con la mujer.
Un proceso que entra en definición
De acuerdo con fuentes judiciales citadas por la prensa local, la investigación policial se encuentra prácticamente concluida y el material recolectado -incluidas filmaciones y declaraciones testimoniales- será elevado al Ministerio Público para que evalúe los próximos pasos procesales.
Entre las pruebas analizadas figuran registros de cámaras de seguridad del local, que habrían sido determinantes para sostener la imputación inicial por injuria racial, una figura penal que en Brasil contempla sanciones más severas que la simple ofensa verbal.
Desde el entorno de Páez sostienen que el episodio se dio en un clima de tensión generado por un desacuerdo con la cuenta del bar y posteriores burlas por parte de empleados del lugar. La propia acusada admitió que su reacción fue inapropiada, aunque remarcó que no existió una intención discriminatoria deliberada.
Su defensa solicitó que se incorporen al expediente las grabaciones completas del establecimiento para reconstruir el contexto previo al hecho que motivó la denuncia.
Mientras se desarrolla el proceso judicial, la mujer denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales, situación que derivó en una presentación formal ante la Policía Civil. Paralelamente, decidió abandonar el departamento donde se hospedaba tras un episodio confuso en el que tres personas intentaron ingresar al lugar, identificándose como policías.
El hecho generó temor en la joven y motivó un cambio urgente de alojamiento, por recomendación del entorno del edificio y de su abogado.
Pedido de regreso al país
Ante este escenario, la defensa analiza avanzar con un recurso judicial para habilitar el regreso de Páez a la Argentina, al considerar que la medida de permanencia obligatoria en Brasil resulta excesiva en relación con el estado de la causa.
En paralelo, el Consulado argentino en Río de Janeiro tomó contacto con la mujer y le brindó asistencia institucional, aunque aclaró que no puede intervenir en las decisiones de la Justicia brasileña.
La resolución del caso quedará ahora en manos del Ministerio Público, que deberá definir si impulsa una acusación formal o solicita el cierre del expediente, mientras la acusada continúa bajo monitoreo electrónico y restricciones de movilidad.




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