Condenan a seis acusados por el caso Yectafer y ordenan indemnizaciones millonarias por tres muertes

El tribunal consideró probado que el medicamento adulterado provocó al menos tres muertes y graves daños a la salud. Las compensaciones superan los $1.030 millones.

El caso Yectafer provocó la muerte de al menos tres personas y afectó la salud de otras 29 víctimas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la Capital Federal condenó a seis de los diez imputados que llegaron a juicio por la comercialización del medicamento adulterado a base de hierro Yectafer, que entre 2003 y 2004 provocó la muerte de al menos tres personas y afectó la salud de otras 29 víctimas.

Además, dispuso el pago de indemnizaciones por un total de 1.030 millones de pesos por los daños causados.

El juicio, que se había iniciado en noviembre de 2023, estuvo a cargo de los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 19 de mayo.

Durante el debate intervinieron el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la auxiliar fiscal Denise Belieres, junto a su equipo. En su alegato, el Ministerio Público Fiscal había solicitado penas de entre 7 y 16 años de prisión para nueve de los acusados.

Las condenas más altas recayeron sobre Pablo Jorge Cernadas y Daniel Rabinovich, quienes recibieron penas de 8 y 7 años de prisión, respectivamente, según informó el sitio fiscales.

El tribunal los consideró coautores del delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, “disimulando su carácter nocivo”, en concurso con homicidio culposo múltiple, lesiones agravadas y asociación ilícita.

También fue condenado a cinco años de prisión el diseñador gráfico Miguel Cervera, dueño de la empresa que proveyó las ampollas utilizadas en el medicamento adulterado, como partícipe necesario del suministro de sustancias peligrosas.

En tanto, el empresario Alberto Mario Akawie, el comerciante Adrián Quintela y el repartidor Víctor Scattolini recibieron penas de cuatro años de prisión como miembros de una asociación ilícita.

Por otra parte, el tribunal absolvió a Santiago Lucio Gavazza —al no haber acusación fiscal en su contra—, y también a Roberto Gegenschatz, Diego Hernán Manzotti y Sandra Liliana Vitale por los delitos más graves vinculados a la comercialización del medicamento.

Además, algunos imputados fueron absueltos parcialmente y se declaró prescripta la acción penal por encubrimiento agravado en una causa conexa vinculada a la adquisición de otro medicamento de origen ilegal.

Indemnizaciones millonarias

El fallo también fijó compensaciones económicas para las víctimas. Entre los montos más elevados, se establecieron $450 millones para los familiares de una de las víctimas fatales que cursaba un embarazo, y $300 millones para otra familia. Las personas que sufrieron lesiones recibirán entre $10 y $20 millones, más intereses.

Cómo funcionaba la maniobra

Durante su alegato, la fiscalía dio por acreditada la adulteración de un lote específico del medicamento Yectafer, cuyo producto original era elaborado por el laboratorio AstraZeneca. Según se expuso, el fármaco fue falsificado para “disimular sus propiedades nocivas”.

Los peritajes determinaron que el medicamento adulterado contenía una concentración de hierro tres veces superior a la indicada, además de alteraciones en el PH y la densidad.

El fiscal Osorio sostuvo que los imputados fueron responsables de cuatro muertes —entre ellas las de Luciana Giménez, Paulina Álvarez, Osbel Roly Lombardi y Verónica Díaz— y de las lesiones sufridas por otras 29 personas. “Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas”, afirmó.

Sobre uno de los casos más graves, recordó que una de las víctimas estaba embarazada de 22 semanas, fue sometida a una cesárea de urgencia y tanto ella como su hijo fallecieron.

“Con el caso Yectafer ha quedado claro el funcionamiento de la organización criminal y la distribución de roles de esta asociación ilícita destinada a falsificar y poner en circulación medicamentos”, sostuvo el fiscal.

En esa línea, remarcó que el hecho implicó un “gravísimo daño a la salud pública” y que no se trató de un episodio aislado, sino de una estructura organizada.

La investigación también había alcanzado a otros cinco acusados que no llegaron al juicio debido a su fallecimiento, entre ellos quienes habrían liderado la organización y montado el laboratorio clandestino donde se produjo el medicamento adulterado.