Cromañón: cierran causa contra Ibarra y Telerman por el operativo de emergencia

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra y la mayoría de los funcionarios de su gestión involucrados en las tareas de asistencia durante la tragedia de República Cromañón fueron sobreseidos por el juez Alberto Baños en la denominada "causa SAME".

En cambio, el magitrado dictó el procesamiento de Alejandro Cano, miembro del Comité de Crisis, por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y trabó un embargo de 100.000 pesos sobre sus bienes.

La misma decisión adoptó respecto de Martín Galmarini, a quien embargó en 20.000 pesos.

El magistrado tuvo en cuenta que los funcionarios policiales intervinientes, así como los bomberos o de servicios de salud, debieron "enfrentarse a grupos que asumían y resolvían la labor de evacuación y traslado por propia mano".

Durante el juicio oral que se lleva adelante por la tragedia, varios sobrevivientes denunciaron la inacción del personal de emergencia -hoy lo hicieron dos de ellos- y sostuvieron que por esa razón fueron los chicos los que asumieron el rescate de las victimas del interior del local.

Se trata de 36 funcionarios que para el 30 de diciembre de 2004 se desempeñaban en los distintos organismos que tuvieron intervención en el "operativo de emergencia" llevado adelante como consecuencia de los hechos ocurridos en el interior de República Cromañón", en Bartolomé Mitre 3060 de esta ciudad.

En la resolución, el juez ratificó que el origen de la tragedia fue al menos una candela que impactó en los materiales del techo del boliche, los que al quemarse provocaron gases de "alta toxicidad".

Mientras, se lleva adelante una investigación -en otra causa-acerca de quiénes fueron los autores de esos disparos de pirotecnia.

El magistrado también confirmó que la huida de la gente "se vio agravada toda vez que la puerta alternativa de emergencia se encontraba cerrada con candado, y de las seis puertas vaivén, dos de ellas se encontraban con pasador, dificultando todo la salida de los asistentes del local".

"Las primeras personas que arribaron no conocían la verdadera situación; entonces -como era esperable- se tardó en reconocer la dimensión de lo que estaba aconteciendo: se trataba de una tragedia en plena ejecución que involucraba a más de tres mil personas, muchas de ellas atrapadas en el interior del local y todas expuestas a la inhalación de sustancias tóxicas", sostuvo el juez Baños.

La causa fue iniciada en marzo de 2005 por el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas y querellante en el juicio que se lleva adelante por las responsabilidades en el siniestro que cobró la vida de 194 personas, en su mayoría jóvenes.

El letrado formuló cargos por las responsabilidades, o deficiencias, en "cuanto a la organización y desarrollo de las tareas de auxilio a las víctimas en el lugar, a través de la conformación del Comité de Crisis del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; del Comando General de Operaciones de Emergencia, y del Comando de Operaciones de
Emergencia Operativo"

Asimismo, el denunciante había pedido que se investigue cómo se actuó "en la primera atención (o la ausencia de ésta) en el lugar; su derivación a los distintos nosocomios, el tratamiento que les fuera dispensado en los mismos, como también la asistencia a los familiares de las víctimas, tanto para la información que requerían sobre sus parientes, cuanto para su contención y orientación".

También se denunció que en el caso de los funcionarios denunciados "tales acciones u omisiones fueron realizadas en presunta infracción a los deberes legales que la normativa legal prevista para sucesos de ésta índole le asigna a los imputados, a saber: Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, Plan Operativo Sanitario para Desastres del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el Manual de Emergencia Prehospitalaria del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME); en concordancia con las normas constitucionales y legales que fijan las funciones propias de cada agente de acuerdo al cargo que cada uno de ellos ostentaba".

Por estos hechos habían sido denunciados entre otros Ibarra el ex vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Telerman, y Juan Carlos López, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.