Uber activó una nueva ofensiva pública en la ciudad de Córdoba con el objetivo de frenar un proyecto de ordenanza que busca limitar la cantidad de vehículos autorizados a operar mediante aplicaciones de transporte.
16 de julio 2025 - 14:55
Uber en apuros: app lanza ofensiva en Córdoba contra ley que regula su servicio
La aplicación de viajes para pasajeros lanzó una campaña del miedo para frenar el avance de una ley del Concejo Deliberante cordobés.
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Afiches de Uber contra la ley en Córdona. El reclamo de sindicatos, taxistas y remiseros se mantiene firme: que Uber cumpla las reglas como todos.
La propuesta avanza en el Concejo Deliberante cordobés y cuenta con el respaldo de sectores políticos y gremiales, que exigen regular de manera efectiva este tipo de servicios, en línea con lo que ya rige para taxis y remises.
La reacción de la multinacional que opera sin CUIT en el país fue inmediata: lanzó una campaña de recolección de firmas, dirigida por correo electrónico a sus usuarios, advirtiendo que la iniciativa legislativa “dejará sin una fuente de ingreso a 4 de cada 5 socios conductores, resultando en viajes más caros y mayores tiempos de espera para los usuarios”.
A través del mensaje, Uber instó a sumarse con consignas como: “Es el momento de sumar tu voz acá y evitar viajes más caros”; “La regulación no tiene en cuenta el tiempo y la libertad de elegir de las personas”. La campaña incluyó pegatinas de afiches por la ciudad capital.
El llamado incluye un botón para adherirse a la petición y un resumen del impacto negativo que, según la empresa, tendría la medida si se aprueba. Además, se activó el lema #NoAtrasemosCBA, y se anunció el encargo de una encuesta a una consultora local para relevar la opinión pública sobre el uso de estas plataformas en Córdoba.
Durante una conferencia de prensa previa, Juan Labaqui, director de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur, sostuvo: “No alcanza con que esta sea la voz de Uber. Necesitamos que se escuche a quienes usan la aplicación para trasladarse o para trabajar”.
Con este giro, la empresa -que en ocasiones anteriores optó por el silencio institucional frente a los debates regulatorios- adopta ahora un tono más confrontativo, en un momento decisivo del tratamiento legislativo.
Uber en Argentina: una historia de ilegalidad, evasión y fallos judiciales en contra
Desde su desembarco en el país en 2016, Uber acumula una larga lista de cuestionamientos legales, sindicales y judiciales. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Justicia porteña declaró su operación como “ilegal” por funcionar sin habilitación, sin aportar impuestos ni cumplir con los requisitos mínimos de transporte público.
Incluso, la empresa fue calificada como una “organización fantasma” por la Justicia, que denunció la inexistencia de registros impositivos formales, la evasión de cargas sociales y la falta de seguros para choferes y pasajeros.
Las inspecciones en sus oficinas locales revelaron actividades informales y estructuras opacas, sin empleados registrados y con el grueso de la operación digitalizada en el exterior. Pese a los fallos, Uber continuó operando en diversas ciudades del país gracias a vacíos normativos y falta de fiscalización efectiva.
Fuerte rechazo del gremio de remiseros y sindicatos del transporte
La Federación Argentina de Remiseros (Farem), la Cámara Argentina de Agencias de Remise (CAAR) y Asociación de Titulares de Autos de Remise de la República Argentina (ATAR) fueron los principales denunciantes del funcionamiento de Uber, al que califican como ilegal, precario y evasivo.
Desde hace años, los gremios exigen que Uber cumpla con las leyes laborales, tributarias y de transporte, que inscriba a sus conductores en AFIP, pague cargas sociales y opere bajo la figura de agencia de remises, como el resto del sector.
El secretario general de FAREM, Alejandro Poli, reclamó una ley nacional que regule las plataformas de movilidad: “Queremos que la competencia sea leal y que los trabajadores estén registrados. No puede ser que Uber opere sin CUIT, sin controles, sin cumplir convenios y arruinando el empleo registrado”.
Las consecuencias ya se sienten: los gremios denuncian una caída del 40% en la actividad de los remises tradicionales desde el desembarco de Uber, y múltiples operativos de tránsito en ciudades como Rosario, Iguazú, Córdoba y Santa Rosa han terminado con vehículos secuestrados por operar fuera de la ley.
Presión pública, ilegalidad persistente y un sistema en jaque
Uber intenta frenar por la vía de la opinión pública un proyecto legislativo que limitaría una operatoria que, hasta ahora, se sostiene en la informalidad. La campaña masiva, disfrazada de participación ciudadana, busca blindar un modelo que elude impuestos, precariza el empleo y pone en riesgo a pasajeros y conductores.
Mientras tanto, el reclamo de sindicatos, taxistas y remiseros se mantiene firme: que Uber cumpla las reglas como todos. No hay objeción a la tecnología ni a las nuevas formas de movilidad, pero sí un límite claro a la impunidad operativa y la competencia desleal.
La regulación avanza. Y Córdoba podría ser el primer caso donde la ley finalmente se imponga al algoritmo.
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