Martínez de Hoz

El ex ministro de Economía, durante el último gobierno militar, José Martínez de Hoz dirigió una carta a este diario explicando su posición en torno a una denuncia con pedido de detención que le formularon funcionarios del gobierno nacional.

En el día de ayer, el gobierno a través del secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, pidió mi detención, esta vez acusándome del homicidio de un ex funcionario del Ministerio de Economía.

La acusación se inserta en la abierta persecución que el ex presidente Kirchner ordenó hace dos años en su discurso durante los actos conmemorativos del «24 de Marzo».

Esta nueva imputación e intento de privarme de mi libertad también se inserta en la política de resentimientos, enfrentamiento entre los argentinos, y prepotencia que sigue promoviendo el actual gobierno, y cuyas penosas consecuencias están a la vista de todos.

La acusación en mi contra es patéticamente falsa y constituye un nuevo intento de presionar y utilizar al Poder Judicial con fines políticos. La utilización de mi persona como una «cortina de humo» es a esta altura evidente.

Jamás conocí al Sr. Casariego Bel cuya desaparición y asesinato se me imputa.

No es cierto que su lamentable desaparición tuviera nada que ver con la cuestión relativa a la compañía Italo, que el estado desafortunadamente se vio en la necesidad de comprar como consecuencia de su «argentinización» decidida por el anterior gobierno de María Estela Martínez de Perón.

En primer lugar, el Sr. Casariego Bel nunca tuvo involucración o participación alguna en el tema Italo, de modo que resulta falso el intento de vincular su asesinato con aquella cuestión.

Más aún, ni yo ni el Ministerio de Economía tuvimos participación alguna en las negociaciones que condujeron a la compra de la compañía Italo por el Estado Nacional.

Todas las actuaciones y negociaciones estuvieron a cargo del Ministerio de Justicia y de un negociador designado por ese ministerio, debido a que inmediatamente después de asumir como ministro de Economía me excusé de intervenir en ese asunto por haber sido ex - director de aquella compañía. Los decretos y resoluciones de aquella época confirman acabadamente lo dicho.

Cumplí mi excusación sin excepciones. Justamente, durante el gobierno del Presidente Alfonsín se promovió una causa penal que duró ocho años y en la cual se me sobreseyó y se confirmó que no tuve participación alguna en el tema.

Además, a la fecha en que ocurrió la desaparición del Sr. Casariego Bel (junio de 1977) todavía no existía en curso negociación ni proyecto de convenio alguno con la compañía Italo (el negociador del Ministerio de Justicia fue designado en diciembre de 1977), de modo que es artificioso vincular ambos hechos.

Finalmente, no puedo dejar de notar que tanto el actual secretario de Derechos Humanos, como muchos altos funcionarios (incluyendo algunos ministros) y asesores de ambos gobiernos del matrimonio Kirchner, tuvieron estrechas vinculaciones y/o integraron las organizaciones terroristas que asolaron el país, y que específicamente intentaron asesinarme a mí y a mis más estrechos colaboradores, como es el caso de los Dres. Klein y Alemann, habiendo antes logrado matar al Dr. Padilla.

El actual secretario de Derechos Humanos, por su parte, dirigió en 1973 y 1974 la revista «Militancia», que era conocida por su abierta incitación a la violencia y porque anunciaba a través de su «columna» la « cárcel del pueblo» quienes serían «merecedores» de la «justicia popular» que significaba el secuestro y/o la muerte.