No hubo casamiento gay y lo define la Corte

Alex Freyre y José María Di Bello

El Gobierno porteño impidió el primer casamiento civil en Argentina entre personas del mismo sexo hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el conflicto que opuso a jueces de distintas jurisdicciones.

"Hasta tanto la Corte no se expida, el Gobierno porteño está impedido de realizar el casamiento de Alex Freyre y José María Di Bello", notificó la Ciudad a los frustrados novios a través del procurador Pablo Tonelli.

Un conglomerado de diputados, dirigentes y asociaciones sociales entre las que se contaban Nora Cortiñas y Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Comunidad Homosexual de Argentina (CHA) y María José Lubertino, del Instituto Nacional contra la Discriminación-INADI, estalló en insultos contra las autoridades porteñas.

"Macri, basura, vos sos la dictadura", cantaban quienes esperaban la boda que, según María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, quedó "suspendida pero no anulada".

"Esto no es una derrota: es una suspensión y vamos a presentar todos los amparos que pidan", sentenció la dirigente.

Los empleados del registro civil que funciona en el CGP 14, en Coronel Díaz y Beruti, habían adornado la sala y preparado ramos de flores para regalarle a la pareja.

"Nosotros somos dos hombres que nos amamos, vivimos con VIH-SIDA y queremos casarnos en este día (en que se conmemora internacionalmente los avances contra la enfermedad), para decir que se puede tener excelente calidad de vida, que somos ciudadanos de primera y merecemos tener derechos", afirmó Freyre, mientras forzaban la concreción del casamiento. Tonelli, procurador del Tesoro porteño, es representante legal de la Ciudad y quien debía haber apelado el fallo que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, ordenó no apelar.

"Ante el conflicto planteado entre jueces de distintas jurisdicciones, se instruyó al Procurador de la Ciudad para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia local", sostuvo el Gobierno de la Ciudad en un comunicado oficial.

Semanas atrás la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Gabriela Seijas resolvió autorizar el matrimonio entre Freyre y Di Bello, quienes habían conseguido turno para hoy en el Registro Civil.

Esa causa se inició luego de que Freyre y Di Bello pidieron un turno para contraer enlace a un Registro Civil y las autoridades se negaron a la solicitud.

Seijas autorizó el casamiento y declaró inconstitucionales los artículos 178 y 182 del Código Civil, que establece que "el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer".

El fallo no fue apelado por Macri, conducta cuestionada por el Arzobispo de la Capital y primado de Argentina, Jorge Bergoglio, quien reprochó al jefe de Gobierno faltar "gravemente a su deber de gobernante".

Ayer, la jueza civil Martha Gómez Alsina, a solicitud de los abogados Francisco Roggero y Joaquín Otaegui, dejó en suspenso lo que iba a ser el primer casamiento homosexual en la Argentina y en América Latina. Lo mismo resolvió la Sala E de la Cámara Nacional en lo Civil, a pedido del abogado Pedro Javier Andereggen.

El ministro de la corte Carlos Fayt declaró que "la Corte va a resolver sobre la cuestión que se plantea porque ya tiene planteado el caso", aunque se excusó de dar una fecha a la resolución.

El presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Eduardo Tavani, opinó que "negar el mandato de un juez es negar la existencia de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Los presentes coincidieron en que es un deber de los legisladores nacionales garantizar la sanción de una ley que reconozca la igualdad jurídica de los homosexuales".

"Ya sabemos de qué lado está Macri, ahora queremos saber la posición del gobierno nacional, que puede sancionar la ley en el Congreso", dijo Rachid. Por su parte, Lubertino indicó que "esta es una suspensión pero no un impedimento para seguir adelante" e informó que "no sólo Seijas va iniciar una acción de desacato contra los funcionarios, sino que vamos a denunciar al Consejo de la Magistratura a los jueces que han obstruido a la Justicia para hacer cumplir la ley".

"No se trata de una simple violación de la igualdad ante la ley, sino que pone en vilo la autonomía de la Ciudad; por eso vamos a pedir un pronunciamiento a los legisladores porteños en función de este incumplimiento de la Constitución porteña, al desacatar la resolución de una jueza", dijo Lubertino.

Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, afirmó que "el único camino que los pone contra la pared es la movilización en la calle", e instó "a tratar la ley en Diputados".

La diputada Vilma Ibarra calificó como "grave" el "jugar con los sentimiento de las personas, con la confianza de los ciudadanos, la autonomía (de la Ciudad) y avasallar la posibilidad de ejercer un acto de justicia e igualdad".