Tucumán: clausuran el área de la Policía provincial por la venta irregular de armas

Un área de la Policía tucumana, encargada del depósito de armas, ropas y otros elementos, fue clausurada por orden judicial. Fue luego de que una investigación determinara que se habrían vendido, en el plan canje de armas, varios revólveres y pistolas vinculadas con casos delictivos. En tanto, ocho empleados, incluido el ex jefe de la sección Secuestros Judiciales, fueron puestos en disponibilidad.

La investigación, según se señaló, fue ordenada al más alto nivel de la Policía, luego de que, en un entrecruzamiento de datos en el Registro Provincial de Armas (Repar), donde se aplica el plan canje, se descubrió la maniobra.

Los ocho efectivos que fueron puestos en disponibilidad quedaron además imputados en la Justicia, como consecuencia de su presunta vinculación con la venta de las armas que estaban depositadas en la sección Secuestros Judiciales de la Policía local.

En el lugar que ahora está bajo la lupa de la Justicia, desde los años 80 se guardan todos los elementos relacionados con casos delictivos: desde camiones hasta simples prendas de vestir que, a la hora de un juicio, pueden servir para determinar si una persona es culpable o inocente.

Según reconoció el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, jamás se había concretado un inventario serio sobre todo lo que había guardado allí. "Es un caos", resumió el funcionario al referirse a lo ocurrido.

El escándalo se destapó como consecuencia de un doble cruce de información entre el Renar (Registro Nacional de Armas) y el Repar (Registro provincial de armas) sobre la base de los informes del plan de desarme que lleva el primero de ellos desde mediados del año pasado.

A partir de una idea del entonces ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández (actualmente ministro de Seguridad y Justicia de la Nación), comenzó a pagarse sumas fijas de dinero a quienes entregaran voluntariamente sus armas de fuego.

Además se otorgaba el beneficio de que podrían no identificarse ante el funcionario que las recibiera: en Tucumán el plan logró un éxito mayúsculo.

Hasta principios de setiembre se habían entregado más de 5.200 armas, pero si bien no debía identificarse a quien se adhiriera al plan, tampoco debía pasar lo mismo con las armas, justamente ante la posibilidad de que hayan sido utilizadas para cometer delitos y estuvieran sujetas a medidas judiciales.

De ese modo, a partir de la numeración y del chequeo de información con el Repar y con la misma Justicia se descubrió que hubo gente que vendió armas que "deberían haber estado depositadas en la oficina de Secuestros Judiciales".

"Cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, en el acto dimos intervención a la Justicia. Aquí no vamos a esconder nada, y mucho menos actos delictivos. Cada uno tiene que hacerse cargo de la parte que le corresponde", afirmó Sánchez.

El funcionario dispuso el pase a disponibilidad de los ocho agentes que trabajaban en Secuestros Judiciales, incluido el jefe.

Este efectivo de seguridad había sido designado hace poco menos de un mes como segundo jefe de la seccional 14a pero, cuando se conoció lo que había sucedido, fue separado de su cargo "en el acto", según se indicó.