Urbanizan villas en el conurbano

El desembarco «militarizado» que el gobierno ensayó en «áreas críticas» al ocupar las villas Carlos Gardel, La Cava y Fuerte Apache como avanzada de un progresivo plan de Prevención del Delito, se extenderá a otra tanda de las más de 400 villas repartidas en el conurbano bonaerense.

Con «éxito efectivo», según sus promotores, el plan --surgido de la Secretaría de Seguridad Interior y aplicado a través de Gendarmería y Prefectura, y la Policía Bonaerensesumará ahora otra etapa: la de «urbanización» y «recuperación» de esos barrios.

En este caso, a pesar de algunas diferencias de criterio con las autoridades de Seguridad Interior, la provincia aportará más de 20 millones de pesos, provenientes del BID, para financiar el proceso de «recuperación del hábitat» de las villas.

•Coordinación

En Buenos Aires, la coordinación está a cargo del ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero, en ensamble con su par de Seguridad, Raúl Rivara. Además, participan Ismael Passaglia, de Salud, y Eduardo Sícaro, de Infraestructura. Vía Rivara, hay un enlace con la cartera de Gustavo Béliz.

Actualmente, hay cerca de 800 efectivos aportados por Prefectura, Gendarmería y Policía Bonaerense abocados al «control» de las villas Carlos Gardel, La Cava y Fuerte Apache. Tras la ocupación, en pocas semanas empezará la fase 2: la de urbanización.

Por ahora, se reabrieron dependencias policiales antes cerradas y se realizaron algunos trabajos superficiales de mejoramiento físico. En poco tiempo, se anticipa, se profundizará esa línea de trabajo «más social y preventivo, que represivo».

En esos tres sitios, el índice delictivo bajó drásticamente. Pero esa viaración responde a un motivo sencillo, lineal: las bandas de delincuentes que actuaban allí se trasladaron a otros asentamientos del conurbano o la Capital Federal.

En rigor, sólo en el Gran Buenos Aires hay 30 villas consideradas pesadas donde, admiten las fuentes oficiales, «el Estado está totalmente ausente»: no hay servicio de policía, ni de justicia, ni prácticamente infraestructura social, por caso, salas sanitarias. En esa nómina caliente figuran las villas Tranquila y la Isla Maciel en Avellaneda, la 18 en San Martín y Loyola en San Isidro, por nombrar sólo algunas de las registradas como «áreas críticas», eufemismo oficial que se usa para hablar de las villas « pesadas».

Ahora, el gobierno bonaerense avanzará sobre otras villas. El mecanismo será distinto: no sólo ocupación militarizada como dispuso Norberto Quantín a través del Comité de Crisis --influenciado por algunos colaboradores ex militares-, sino también con «cobertura social».

En rigor, los 20 millones de pesos -concretamente 7,5 millones de dólares que presta el BID-serán para construir salas sanitarias, redes de agua potable, espacios públicos o instalar luminarias, entre otras opciones que prevé el programa provincial.

Pero, se explicó, no se actuará por medio de « saturación» de uniformados, por un lado, por «falta de disponibilidad de efectivos» pero, básicamente, porque el modelo Quantín, para los bonaerenses, no es el más adecuado.

«¿Qué va a pasar cuando se retiren los gendarmes y los efectivos de Prefectura?», se preguntan, y advierten que con ese sistema se consiguió --lo que se valora como positivonormalizar relativamente las villas ocupadas, pero no se desactivó a las bandas delictivas.