Negocios

La falta de cuerpos médicos, un agujero en la reforma de ART

A 27 meses de la sanción de la Ley 27.348, los juicios nuevos cayeron un 38%. Sin embargo, la demora de la Justicia en conformar los cuerpos forenses pone en peligro la viabilidad del sistema.

A 2 años y medio de la aprobación de la reforma de la ley que regula a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), el impacto sobre el sistema muestra números positivos con una caída del 38,7% en nuevos juicios en la comparación de 2018 con 2017, un porcentaje de descenso que se repite en el primer trimestre de este año con relación a igual periodo del año pasado.

Un dato que muestra la relevancia de Ley 27.348 es el impacto que tuvo en la litigiosidad en las provincias que se adhirieron a la norma y en las que no lo hicieron. En la actualidad son 15 las provincias que avalaron la nueva norma (Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, San Juan, Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro. Para dimensionar correctamente los avances, datos de la Unión de Aseguradoras del Riesgos del Trabajo (UART) muestran que en el primer trimestre del año ingresaron 30.748 juicios, de los cuales el 28% (8.644 casos) se concentraron en la provincia de Santa Fe que aún no adhirió a la reforma.

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Claramente la industria del juicio tuvo un corrimiento hacia una de las provincias con mayor entramado productivo y que no se sumó a la nueva ley. En el sector de ART ven este dato como un indicador de un entramado que se aprovecha de los trabajadores accidentados para montar un negocio varias veces millonario. “La baja en el ingreso de nuevos juicios, muestra lo importante que fue el haberse puesto de acuerdo entre todos los sectores, empresas, sindicatos y Gobierno para poner en marcha la reforma”, analizó una fuente del sector.

Desde el año 2003, cuando varios fallos de la Corte Suprema abrieron cambios en la Ley de Riegos de Trabajo, la litigiosidad comenzó a crecer exponencialmente, situación que se revirtió desde 2017 con la sanción de la reforma, que introdujo dos aspectos esenciales: la puesta en marcha de Baremo para determinar las incapacidades y la creación de las Comisiones Médicas, instancias administrativas previas que consiguieron reducir por primera vez los nuevos juicios.

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Además, la reducción de reclamos por vía judicial permitió a las ART bajar las alícuotas que cobran como porcentaje de la masa salarial total. En 2016, la alícuota se ubicó en 3,46%, pero a partir de una menor previsión de ingresos de juicios, las ART bajaron la alícuota al 2,98% promedio en todo el sistema.

A los efectos positivos de la reforma, se suma una ola de sentencias favorables al sistema regido por la Ley 27.348. Si bien a la Corte Suprema de Justicia de la Nación han llegado algunos casos que plantean la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, en la UART confían en que el máximo tribunal terminará por avalar la reforma.

Problemas para las ART

Claro que no todo reluce con la reforma. Es que a 27 meses de la sanción de la Ley 27.348, la Justicia sigue demorando un aspecto clave como lo es la creación de los Cuerpos Médicos Forenses o Periciales, que básicamente lo que establece es la conformación de un equipo de peritos asignados por concurso, que tengan una remuneración establecida, y no como ocurre en la actualidad que sus honorarios son calculados como porcentaje de la indemnización establecida en el juicio.

“Es una locura que un perito cobre en función de la sentencia. Está claro que a mayor monto indemnizatorio, mayor será lo que cobre el perito”, explica un fuente del sector de ART. Tan básica como elemental explicación, deja al descubierto la demora de la Justicia en la conformación de los CMF, algo que desconcierta a las compañías de ART.

El problema es que al tener honorarios en función de las sentencias, los peritos no aplican correctamente el Baremo, algo que también queda en evidencia en datos de la UART. Al analizar el stock de juicios a febrero de 2018, sobre 83.500 pleitos se registró un aumento promedio de 17,5 puntos de incapacidad por encima del Baremo. Si se aplicara sobre los 350.000 juicios en marcha implicaría un monto de sentencias por $188.000 millones, lo que desencadenaría la quiebra del sistema ante la imposibilidad de asumir ese costo.

Otro de los problemas que enfrentan las ART y que está más relacionado a la coyuntura es el de las elevadas tasas de interés que tiene impacto directo en el costo. Es que la tasa activa del Banco Nación a 30 días con la que se actualizan las sentencias se ubica en el orden del 70%, lo que produce un desfasaje grande contra los ingresos de las ART, que actualizan sus alícuotas por el índice de salario.

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