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Ley de ética pública: tsunami de proyectos, subcomisión y campaña auguran trámite lento

La oposición pidió la opinión de organizaciones. Oficialismo convocó a abogados. Límites para modificar la iniciativa enviado por el Ejecutivo.

La campaña electoral, la infinidad de textos presentados y la conformación de una subcomisión para seguir de cerca del tema auguran un trámite lento para la discusión de la ley de ética pública en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.

El demorado texto que el Ejecutivo envió a inicios de marzo pasado ya comenzó a analizarse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que comanda el experimentado legislador Pablo Tonelli (PRO).

Una de las trabas principales que tendrá el proyecto -y por el cual puja la oposición- son las nuevas obligaciones que se imponen a sindicatos, tema que mira de cerca la Coalición Cívica, que de la mano de Elisa Carrió apuesta a no negociar ni un tramo de esa cuestión, en la que también titubeó el Ejecutivo durante largos meses vía el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El oficialismo desliza el siguiente razonamiento. Años atrás, los exdiputados Fernando Sánchez (CC) y Diana Conti (Frente para la Victoria) llevaron la tarea de recopilar toda la información y proyectos presentados para generar un texto en común.

Un borrador fue craneado por el actual Poder Ejecutivo con todas esas recomendaciones y delegó una revisión en la Oficina Anticorrupción, de la macrista Laura Alonso, que devolvió un anteproyecto. Finalmente, Casa Rosada giró un texto ya “masticado” al Congreso que aceptará retoques, siempre y cuando no se desnaturalice la columna vertebral de la iniciativa.

De hecho, la intención de Tonelli es conformar una subcomisión de cuatro o cinco personas -de los bloques principales- para revisar todos los textos que se presentaron en los últimos meses, que se amontonaron ante pícaras intenciones de algunos legisladores de convertirse en creadores de la criatura. Es decir, hay decenas de iniciativas que tendrán que ser consideradas.

A todo ese embrollo hay que sumarle la campaña electoral, que siempre genera un clásico shutdown en el Congreso. Es decir que, con todas las buenas intenciones de oficialismo y oposición la ley tendría, como panorama más alentador, la aprobación en Diputados antes del fin del período de sesiones ordinarias, y su sanción deberá esperar a 2020.

A mitad de marzo pasado, Alonso fue a un plenario de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Allí, junto al “secretario de fortalecimiento institucional” de Jefatura de Gabinete, el “lilito” Sánchez, señaló: “La -ley- de 1999 fue una buena ley para la época, muy ponderada entonces en la región, pero que ha tenido una implementación errática en los distintos poderes del Estado, que sufrió una reforma parcial negativa en 2013 y que merece una actualización”.

Luego, Alonso destacó: “Este proyecto regula, de manera integral y uniforme, a todos los poderes del Estado. Prevé normas específicamente aplicables tanto al Ejecutivo como al Legislativo, al Judicial y al Ministerio Público, destacando la naturaleza diferenciada de cada uno, pero entendiendo que hay cuestiones comunes a todos los funcionarios públicos”.

Sobre las declaraciones juradas, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) dejó claro que se controlarán y verificarán anualmente, y se establecerá un formulario electrónico único para todos los poderes del Estado. En cuanto a los conflictos de intereses, Alonso informó que “como novedad, se prevén más prohibiciones y restricciones a los funcionarios de más alta jerarquía” como presidente y vice, jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios.

En marzo, la funcionaria también detalló: “Todos los poderes del Estado están obligados a designar o crear un organismo autárquico como autoridad de aplicación. Este diseño se inspira en el ya aprobado por este Congreso en el caso de la ley de Acceso a la Información Pública, que ha demostrado ser viable y efectivo”. Por último, advirtió que “nueve provincias no tienen Ley de Ética Pública, y de las restantes, algunas tienen leyes muy viejas que no cumplen con estándares mínimos de constitucionalidad posreforma de 1994”.

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