Madrid (EFE, ASN) - Los consulados de la Argentina en España reforzaron su personal y su equipamiento informático para agilizar el trámite de los certificados de antecedentes penales, necesarios para que los ciudadanos argentinos regularicen su residencia en este país.
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Así lo informó ayer el consejero de la Embajada de la Argentina y encargado de consulados, Carlos Duhalde, quien explicó que en la primera semana de febrero un «consulado itinerante» se desplazará desde Madrid hasta las Islas Canarias para atender a los ciudadanos argentinos residentes en el archipiélago.
El 7 de febrero próximo comienza un plazo de tres meses durante el cual los extranjeros que permanecen en España sin la documentación necesaria y con contrato de trabajo podrán regularizar su situación en virtud del Reglamento de la Ley de Extranjería vigente. • Desplazamientos
Duhalde aseguró que ese «consulado itinerante» se desplazará a las ciudades canarias de Las Palmas y Tenerife, y luego, a Palma de Mallorca (Baleares), a Málaga y, posiblemente, a Valencia, para ayudar a agilizar los trámites. Además, según Duhalde, el embajador en España, Carlos Bettini, decidió reforzar el staff de las cuatro sedes consulares argentinas en España: Madrid, Vigo, Cádiz y Barcelona.
A tenor de esa medida, en previsión del movimiento consular que está generando el proceso de regularización de extranjeros, explicó Duhalde, el Consulado de Madrid fue cambiado de sede, a una más espaciosa, donde han sido asignados cinco funcionarios adicionales e instaladas quince computadoras nuevas.
Si bien no hay precisiones acerca de cuántos argentinos residen en condición irregular en España, una pauta se podría tener al observar la diferencia entre argentinos que se empadronaron en diferentes ciudades (a lo que tiene derecho cualquier persona, incluso sin permiso de residencia) y los regularizados hasta el 1 de enero de 2003, lo que arroja la cifra de 81.508, según publicó el diario madrileño «El País».
En suma, los argentinos con documentación legal en España son cerca de 70.000 y otro tanto serían los indocumentados, mientras que varios miles tienen nacionalidad de otros países europeos, principalmente italiana.
El consejero aseguró que los ciudadanos argentinos deben pagar a través de un banco un total de 48 euros (62 dólares) por esta diligencia: 16 euros (20,8 dólares) por la investigación y 32 euros (41,6 dólares) por la extensión del certificado.
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