Atentado en el Congreso de Filipinas: mueren un diputado y su chofer
-
Rescate a contra reloj en Venezuela: buscan salvar a un niño atrapado desde hace nueve días
-
Irán prepara un fuerte operativo de seguridad para despedir a Alí Jameneí en el mayor funeral de la historia del país
A raíz de la onda expansiva, al menos tres coches quedaron calcinados y se derrumbó parte del techo de la entrada, donde se generó un incendió que fue apagado por los bomberos de Quezon City, el municipio manileño donde se encuentra la sede de la Legislatura filipina.
El atentado fue perpetrado sólo un minuto después de que concluyera un pleno del Congreso, que reanudó su período de sesiones el pasado 5 de noviembre.
El suceso se produjo justo cuando la presidenta Macapagal Arroyo intenta sortear en el Congreso un proceso de destitución por acusaciones de corrupción y de falta de respeto hacia los derechos humanos que supone la tercera moción de censura contra ella en los últimos tres años.
La oposición quiere que Arroyo -quien también ha desbaratado dos intentos de golpe de Estado desde 2004- sea declarada incapacitada para gobernar por su relación con el escándalo de corrupción asociado al polémico contrato multimillonario firmado entre el Gobierno y la compañía china ZTE para la instalación de una red nacional de Internet de banda ancha.
La Policía afirmó tener indicios de que la bomba pudo ser transportada hasta el recinto del Congreso en una motocicleta aparcada cerca de la entrada al edificio y que quedó destruida por la explosión.
El jefe de la Policía metropolitana agregó que la investigación preliminar apuntaba a que el artefacto fue activado por control remoto.
Los dos congresistas heridos fueron Luzviminda Ilagan, del grupo feminista Gabriela, y Henry Teves, representante de Negros Oriental, quien fue ingresado en estado crítico en un hospital cercano.
Según diversos testigos, el resto de heridos son empleados de los gabinetes personales de los diputados, entre ellos varios ayudantes, conductores y guardaespaldas.
Macapagal Arroyo ordenó al director de la Policía Nacional, general Avelino Razón, encabezar las investigaciones, y la primera medida que adoptó fue la de declarar el estado de alerta máxima en todo Metro Manila.
El atentado tuvo lugar mientras las fuerzas de seguridad todavía investigan la causa de otra explosión que el pasado 19 de octubre dejó once muertos en un centro comercial del distrito financiero de la capital, que inicialmente fue atribuida a una bomba y después a un escape de gas.



