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en Islamabad contra el estado de excepción impuesto por el gobierno. El peligro latente
en ese país es que extremistas islámicos se hagan con el gobierno y con su poder nuclear.
Aziz indicó -elíptico- que la polémica medida fue impuesta por los «muchos desafíos» que debe afrontar Pakistán. También dijo que, bajo el orden actual, el Parlamento puede retrasar las elecciones generales « hasta un año», aunque matizó que el gobierno todavía no ha tomado una decisión. «Todavía estamos deliberando. En el estado de excepción el Parlamento podría darse a sí mismo hasta un año», dijo Aziz, en referencia a una cláusula legal que permite ampliar la Legislatura por un máximo de doce meses en situaciones excepcionales. La actual Legislatura termina en teoría el próximo 15 de noviembre, y en un principio estaba previsto que las elecciones generales se celebraran a principios del próximo año. Estas eran insistentemente reclamadas por la comunidad internacional, que presiona por el restablecimiento de la democracia en esta potencia nuclear de mayoría musulmana.
Bhutto, quien regresó del exilio el 18 de octubre -cuando fue recibida con un atentado que dejó 140 muertos, una acción más de las cada vez más frecuentes y sangrientas perpetradas por grupos islamistasy estaba negociando un reparto del poder, acusó al presidente de haber dado «un segundo golpe» de Estado. El estado de excepción «llevará a una confrontación inútil entre el régimen y el pueblo, lo que no hace más que ayudar a los extremistas a sacar provecho de la situación en beneficio propio», declaró Bhutto a la cadena norteamericana CBS.
Desde la declaración del estado de excepción, la emisión de los canales privados de noticias de Pakistán está interrumpida, lo que ha convertido a las páginas Web de las emisoras y periódicos en la única fuente de información independiente. Además, el gobierno estableció un código de conducta que prohíbe la publicaciónde informaciones que «difamen, pongan en ridículo o afecten a la reputación» del jefe del Estado, de los miembros de las Fuerzas Armadas o las instituciones.
Pese a estas medidas, las principales ciudades de Pakistán presentaban ayer un aspecto de relativa normalidad, con los comercios abiertos y los transportes funcionando.
En Islamabad, sin embargo, se podía ver una fuerte presencia policial en varios puntos clave de la ciudad, como los alrededores del Parlamento y de la sede de la Corte Suprema, cuyo acceso fue bloqueado el sábado.
Así el máximo tribunal judicial se convirtió en la primera víctima del estado de excepción, justo unos días antes de pronunciarse sobre la validez de la reelección de Musharraf por el Parlamento el 6 de octubre.
El hombre fuerte de Pakistán pidió comprensión a sus « amigos», entre ellos EE.UU., su aliado en la lucha antiterrorista. Pero Washington dijo estar « decepcionado» y advirtió que tendría que «reexaminar su ayuda» bilateral, aunque sin tocar la partida asignada a la lucha contra el terrorismo (ver aparte). La medida fue también repudiada por la Unión Europea.
El estado de excepción fue duramente criticado por los medios impresos, que lo calificaron de «draconiano» y de «segundo golpe» de Musharraf (tras el que dio en 1999 para alcanzar el poder), así como por los distintos partidos de la oposición.



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