Berlusconi aplica mano dura a ilegales con masiva redada

Policías italianos custodian a gitanos que salen de un centro de ayuda, tras haberse visto obligados a abandonar sus campamentos en medio de ataques racistas.

Roma (EFE, AFP, Reuters, ANSA, DPA) - La Policía italiana anunció ayer los resultados de una impactante redada contra inmigrantes ilegales en todo el país, en lo que constituye el primer gesto del gobierno conservador de Silvio Berlusconi, quien prometió mano dura contra los indocumentados.

En total 383 personas, de las cuales 268 son extranjeras, la mayoría marroquíes y rumanas, fueron detenidas durante la operación, iniciada el 7 de mayo en nueve regiones y quince provincias de Italia.

De los detenidos, 118 serán expulsados, precisó en una conferencia de prensa el jefe de la Dirección contra el Crimen de la Policía de Estado, Francesco Gratteri.

«Se trata de una operación masiva y muy compleja contra personas que cometieron delitos relacionados con la inmigración clandestina», aseguró.

«No fue una acción contra una categoría de personas o contra una etnia específica. Nuestro objetivo es combatir la criminalidad que generó un aumento de la alarma social», agregó. Entre los detenidos figuran 50 marroquíes, 32 rumanos, 25 tunecinos, 18 nigerianos, 16 egipcios, 16 serbios y 14 albaneses. Ningún latinoamericano apareció hasta ahora en la lista. Un total de 65 personas fueron trasladadas a varios centros de detención para emigrantes a fin de verificar sus identidades.

Con esta operación, las autoridades comienzan a aplicar la nueva política del gobierno conservador italiano, que anunciará el próximo miércoles un paquete de medidas duras contra la inmigración ilegal.

Entre ellas figuran la introducción del delito de inmigración ilegal, con arresto, y la extensión del período de reclusión hasta los 18 meses en los llamados centros de permanencia temporales en espera de expulsión. La idea de considerar un delito la inmigración clandestina, con penas que van de los seis meses a los cuatro años, anticipada por la prensa, fue rechazada por el cardenal Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz y por organizaciones humanitarias que la tachan de «anticonstitucional».

Cacería

Paralelamente a las operaciones policiales, se desató en Nápoles una suerte de cacería espontánea contra los gitanos, con incendios y ataques violentos a varios de sus campamentos. Unos 160.000 gitanos residen en Italia, de los cuales cerca de 60.000 provienen de Rumania, según cálculos de la asociación Opera Nomadi.

Los alcaldes de Milán y de Roma anunciaron, por su parte, que designarán un comisario extraordinario para los gitanos. Ayer mismo, 50 personas fueron detenidas por carecer de documentos en una redada en el mayor campo de gitanos de la capital, en el este, donde residen unas 700 personas.

Tanto los medios como las autoridades italianas destacaron la colaboración de la Policía de Rumania en esta operación, en un momento en el que existe una gran tensión entre ambos países.

Desde el pasado octubre, políticos y medios de comunicación italianos llevaron a cabo una campaña contra los gitanos de origen rumano residentes en Italia, después de que una mujer en Roma fuera presuntamente asesinada por un ciudadano de esta etnia.

«La decisión de dotar con poderes especiales a los funcionarios italianos se funda en un prejuicio», advirtió el comisario europeo para los Derechos Humanos, Thomas Hammarberg.