Bolivia: ¿cárcel para jueces del Tribunal Constitucional?

Evo Morales

La Paz (EFE, ANSA, AFP) - El Congreso de Bolivia emitió ayer una orden de detención contra cuatro de los cinco miembros del Tribunal Constitucional (TC) por no haberse presentado a declarar sobre una demanda planteada por el presidente Evo Morales.

La orden fue emitida por el Comité del Ministerio Público y de Policía Judicial de la Cámara de Diputados, cuyo presidente René Martínez, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo en una rueda de prensa que es una consecuencia de la inasistencia de los magistrados a la audiencia.

La presidenta del TC, Elizabeth Iñíguez, y los magistrados Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña llegaron a La Paz desde la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial, pero no se presentaron porque pidieron una suspensión de la audiencia que no fue considerada ya que, según Martínez, no cumplía con los procedimientos debidos.

Ellos son acusados por el presidente Morales de haber emitido un fallo político más que jurídico, al haber ordenado cesar en sus funciones a cuatro magistrados de la Corte Suprema que el jefe de Estado había designado por decreto en diciembre pasado.

Hace diez días, Morales planteó ante el Congreso una demanda de juicio de responsabilidades, lo cual desató un agrio enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

El diputado Martínez señaló que el Comité, «lamentablemente», tuvo que emitir una orden de aprehensión contra los magistrados, pero que esa decisión cumple con un «estricto apego» a los procedimientos establecidos para los juicios de responsabilidades.

Con las órdenes de arresto firmadas, la Policía puede detener a los magistrados para obligarlos a comparecer ante el Comité del Ministerio Público, que tomará sus declaraciones informativas.

Solidaridad

La Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura se solidarizaron en días pasados con los magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron el fallo cuestionado por Morales.

Según el TC, la designación de los cuatro miembros de la Corte Suprema fue constitucional porque el Congreso estaba en receso, pero un nombramientointerino de ese tipo sólo puede tener una vigencia de 90 días, es decir, hasta fines de marzo pasado.

Morales considera, en cambio, que la decisión del TC obstaculizó el enjuiciamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que reside en Estados Unidos y está acusado de genocidio por la represión de unas protestas populares en octubre de 2003, que dejó 63 muertos.

En tanto, los jueces cuya captura se pidió salieron a acusar al gobierno de perseguirlos políticamente.

Apenas se conoció la orden de prisión, los acusados convocaron a conferencia de prensa en Sucre, 720 kilómetros al sudeste de La Paz, donde tiene su sede ese órgano judicial, para anunciar su posición.

Según Iñíguez, no se presentaron a declarar ante esa comisión, cuya sede funciona en La Paz, porque antes debe resolverse un recurso de excepción sobre incompetencia que se presentó ante la misma comisión.