Brasilia (EFE, AFP) - El Congreso brasileño instaló ayer una comisión que tendrá poderes especiales para investigar una supuesta red de lavado de dinero que habría enviado al exterior unos 30.000 millones de dólares y en la que estarían implicados importantes políticos, empresarios, artistas y personalidades.
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El caso, potencialmente explosivo, llevó al titular del Senado, José Sarney, a pedir prudencia, ya que las investigaciones podrían convertirse en «un foco de mucha tensión».
La Comisión Parlamentaria de Investigación fue instalada en forma conjunta por la dirección del Senado y de la Cámara de Diputados, ya que contará con legisladores de ambas cámaras del Congreso. Los 16 senadores y 16 diputados que integrarán la comisión tendrán poderes especiales para levantar el sigilo bancario y fiscal de cualquier sospechoso, así como para acceder a sus cuentas telefónicas y su correspondencia, y para convocar a interrogatorios a cualquier residente en el país.
Su misión será investigar una red de lavado de dinero que ya está bajo la mira de la Policía Federal y que habría utilizado el oficial Banco del Estado de Paraná (Banestado) para enviar al exterior cerca de 30.000 millones de dólares de origen ilegal entre 1996 y 1999. La comisión fue instalada pese a las presiones veladas del gobierno para impedir la apertura de una investigación que puede desviar la atención del Congreso en momentos en que debate los proyectos de reforma tributaria y previsional propuestos por el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
Investigaciones preliminares de la Policía Federal han identificado a varios políticos de peso y empresarios como beneficiarios de la red de lavado de dinero.
El comisario de Policía Federal Antonio Carlos de Carvalho, que estuvo al frente de las investigaciones hasta la semana pasada, dijo que el escándalo puede salpicar a seis políticos de renombre, el tesorero de campaña de un ex candidato presidencial y un ex alto funcionario de la alcaldía de San Pablo, así como a varios artistas.
Las investigaciones de la policía federal brasileña han contado con la ayuda del FBI estadounidense debido a que parte de los recursos retirados de Brasil fue depositado en 137 cuentas bancarias de una única institución financiera en Nueva York.
Las investigaciones de Carvalho se centraron en 20.000 operaciones sospechosas e implican a 300 personas en varios países, entre las que también estarían narcotraficantes y contrabandistas.
La comisión investigadora del Congreso fue puesta en funciones exactamente una semana después de que el gobierno anunciara un ambicioso plan para combatir el lavado de dinero y que prevé la creación de un organismo especial para recuperar activos depositados en el exterior por organizaciones criminales.
El proyecto obliga a los bancos a informar al gobierno sobre cualquier movimiento anormal que supere los 100.000 reales (unos 34.480 dólares) y crea una lista nacional con los nombres de los cerca de 20 millones de propietarios de cuentas bancarias en el país.
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