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José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de Cataluña,
Pasqual Maragall, luego de que se conocieran los resultados
favorables del referendo.
El presidente del gobierno regional catalán, Pasqual Maragall, dijo que a partir de ahora se abre una etapa de autogobierno «larga», «positiva» y «más cómoda» para Cataluña dentro de una España plural «que avanza».
También el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC), José Montilla, aseguró que la baja participación «no deslegitima ni política ni legalmente esta gran victoria».
Sin embargo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió al mandatario que, vistos los resultados del referendo, « paralice» la operación de « liquidación de la España constitucional».
En una conferencia de prensa, destacó que operaciones como las reformas de las «Constituciones o de las normas de convivencia» no se puedenhacer «sin consenso» y que dos de cada tres ciudadanos de Cataluña no respaldaron la reforma del Estatuto.
Por su parte, el líder de ERC (independentistas), Josep Lluís Carod Rovira, advirtió que el alto nivel de abstención demuestra que el texto «no ilusiona» ni «despierta entusiasmo» entre la sociedad catalana.
El gobierno y sus socios catalanes deseaban una alta participación en la consulta popular en un momento clave de la política nacional, cuando Zapatero se apresta a abrir una vía de diálogo con la organización terrorista ETA, en busca de que abandone las armas para siempre.
El resultado también servía para refrendar las posibilidades del presidente Maragall, para su candidatura a las próximas elecciones regionales.
La participación de los catalanes en la consulta fue más de diez puntos inferior a la registrada en la consulta que ratificó en 1979 el Estatuto vigente.
Los estatutos de autonomía son las normas institucionales básicas de las que el Parlamento español dota a las regiones para reconocer y fijar los márgenes de su autogobierno, con la cesión de la gestión de muchas competencias, desde salud y educación hasta orden público o recaudación fiscal. Las 17 regiones españolas tienen estatutos de autonomía, aunque la Constitución de 1978 reconoce tres «nacionalidades históricas» en las comunidades con lengua propia de Cataluña, el País Vasco y Galicia.




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