Cayó en Colombia el jefe del Ejército

Alvaro Uribe

Bogotá (EFE, AFP, ANSA, DPA) - El jefe del Ejército colombiano, general Mario Montoya, uno de los artífices de la Operación Jaque, con la que se liberó a Ingrid Betancourt, renunció ayer al cargo en medio de un escándalo por ejecuciones extrajudiciales.

El caso se remonta a setiembre último, cuando se conoció la ejecución de 23 jóvenes que habían desaparecido en enero y que días después fueron reportados como «bajas en combate», cuando al parecer habían muerto a manos de militares.

Esos adolescentes fueron, al parecer, reclutados por el Ejército y enviados desde Soacha, localidad colindante con Bogotá, hasta una región rural del departamento Norte de Santander, unos 800 kilómetros al nordeste de la capital, donde fueron dados por muertos como guerrilleros caídos en combate.

En este contexto, Montoya, máximo responsable del Ejército colombiano, presentó ayer su renuncia al presidente Alvaro Uribe, cinco días después de que el mandatario hubo anunciado la separación de sus cargos de 27 oficiales y suboficiales de la fuerza, entre ellos tres generales, a raíz de la misma investigación.

La semana pasada, Uribe admitió que «podría haber integrantes de las Fuerzas Armadas involucrados en asesinatos». «No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes, y la distorsiónde la eficacia asesinandovíctimas inocentes», afirmó entonces Uribe.

En su carta de retiro, Montoya aludió ayer a «recientes hechos en los cuales miembros de la institución se han visto comprometidos y que apenas están en etapa de investigación». Sin embargo, pidió «no condenarlos sin antes haberles concedido el derecho a defenderse».

Vidas

Asimismo, aseguró que «la política de seguridad democrática», eje central de la estrategia de Uribe en la lucha contra la guerrilla, el narcotráfico y la violencia, «definitivamente cambió la vida de los colombianos». A raíz de esa política, que, según Montoya, «se constituyó en la guía y misión para el Ejército», se dieron duros golpes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se logró una importante desmovilizaciónde paramilitares en los últimos años.Pero los críticos afirman que esa estrategia también generó los llamados «falsos positivos», supuestos golpes a la guerrilla, e incluso detenciones y eliminación de subversivos que, según denuncias de familiares de víctimas y ONG, no son más que civiles inocentes presentados como «muertos en combate».

Y eso es precisamente lo que ocurrió con los jóvenes de Soacha, según dejó entrever el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en octubre advirtió de que el caso de los desaparecidos podía estar relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Tras las denuncias y el hallazgo de los cuerpos, el Partido Liberal (PL) y el Polo Democrático Alternativo (PDA), ambos en la oposición, exigieron que se asuman responsabilidades políticas por estos hechos.

La renuncia de Montoya coincidió, igualmente, con la investigación que llevan a cabo la Fiscalía y la Procuraduría colombianas a un total de 3.021 funcionarios y miembros de las FF.AA. por supuestas violaciones a los derechos humanos.

De igual forma, el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-EE.UU., que agrupa a diversas ONG, reveló que entre enero de 2007 y junio de 2008 se cometió un total de 535 ejecuciones extrajudiciales, en las que estarían involucrados « directamente» miembros de la fuerza pública.