Chávez aprobó una nueva ley del trabajo

El presidente venezolano, Hugo Chávez, aprobó una nueva Ley Orgánica del Trabajo, de la que aún se desconoce el alcance completo, defendida por el oficialismo como un paso más hacia el modelo socialista y descalificada por la oposición por considerarla electoralista.

Chávez adelantó que la nueva norma contempla una reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales; penaliza el despido injustificado con el doble del salario; aumenta a 26 las semanas de permiso por maternidad y acaba con la tercerización o subcontratación de servicios, entre otros aspectos.

"Dejo en manos del pueblo todo, de los trabajadores y trabajadoras su cumplimiento con una de esas leyes inexorables a las que se refería el padre (Simón) Bolívar", declaró Chávez en un acto celebrado en el palacio de Miraflores (sede de Gobierno) y transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

La norma fue aprobada a través de la Ley Habilitante, es decir, directamente por el presidente sin participación de la Asamblea Nacional, en virtud de los poderes extraordinarios que el Legislativo dio en diciembre de 2010 a Chávez para atender la emergencia de las lluvias por espacio de 18 meses. Por ello y por la proximidad de las elecciones del 7 de octubre, la ley ha sido objeto de polémica desde hace semanas.

La nueva norma, que por su carácter orgánico deberá recibir el visto bueno del Tribunal Supremo antes de entrar en vigor, fue elaborada por una comisión presidencial compuesta por parlamentarios, ministros y catedráticos, a quienes el mandatario ordenó su redacción.

"La comisión presidencial recogió las propuestas de los trabajadores", dijo el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Henry Ventura, al explicar que de ellas el presidente decidió "cuál es la propuesta más viable para beneficiar a los trabajadores".

"Si alguien ha fortalecido los sindicatos es el presidente Chávez y en la nueva ley se siguen fortaleciendo a los sindicatos y a los consejos de trabajadores", dijo Ventura.

Según el parlamentario, lo que varía en este aspecto es que "se está planteando el diálogo directo con los trabajadores", aunque en las discusiones también podrán participar "los representantes de los sindicatos elegidos democráticamente".

Lo que definitivamente desaparecerá, aclaró Ventura, es la "tripartita" que es la discusión de los contratos laborales que mantenían la patronal privada, el Estado y la central obrera.

El secretario de organización del Sindicato Integral de los trabajadores de la Ferrominera del Orinoco, Alfredo Spooner, aseguró a Efe que el sector privado no quiere la reforma porque la modificación estipula el pago de la retroactividad de las prestaciones sociales.

"Significa garantizarle a los trabajadores lo que perdieron en el año 1997 a través de una firma que hicieron tres sectores, Fedecámaras (patronal), el Estado, la CTV (central sindical de entonces), que manejados por el mismo Estado y bajo un criterio individualista decidieron eliminar las prestaciones sociales", dijo.

El diputado oficialista Jesús Farías, dijo que la nueva ley "es un salto histórico en beneficio de los trabajadores". "Habrá sindicatos, retroactividad para las prestaciones sociales, mejoras en la estabilidad, un ministerio mucho más sólido que atienda a los trabajadores", aseguró el parlamentario.

La oposición, por su parte, ha venido denunciando que el nuevo documento, además de ser una herramienta de campaña, sirve para acentuar el control del Estado sobre todo el sistema laboral.

El diputado opositor Elías Mata dijo a Efe que la reforma de la ley se discutió sin que se conozca su contenido y que se aprobó vía Habilitante "única y exclusivamente porque Chávez está en campaña y está tirando la casa por la ventana" en busca de su tercera reelección.

"Lamento que esta discusión de esta ley tan importante para los trabajadores se haga de esta manera tan atropellada, simple y llanamente para buscar votos, por lo tanto no le veo ningún aspecto positivo porque lo de la retroactividad de las prestaciones las estoy pidiendo desde 2002", apuntó el legislador.

El secretario general de Sindicato Único de los Trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana Carbonorca, Emilio Campos, afirmó que aunque no conoce el proyecto de reforma hay "un gran secuestro de un instrumento de los trabajadores".

Campos no está de acuerdo con que sea el presidente y no la Asamblea Nacional quien apruebe la ley y se manifiesta en contra de "la forma" de aprobación del instrumento, con un estilo, dijo, "como de dictadura". "No puedo decir en qué nos va a beneficiar, tal vez en los caramelos de cianuro que nos están dando", dijo Campos.