Por Greg Levesque
Las operaciones cibernéticas de Corea del Norte deberían preocupar a todos los directores ejecutivos
Los hackers norcoreanos ampliaron sus operaciones más allá del robo de criptomonedas y apuntan a empresas occidentales mediante identidades falsas, contrataciones fraudulentas y redes comerciales. El fenómeno representa un riesgo creciente para los datos, las finanzas y la seguridad de las compañías.
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Corea del Norte utiliza redes de hackers, trabajadores con identidades falsas y empresas pantalla para obtener recursos y financiar al régimen de Kim Jong Un.
Hoy en día, las operaciones de espionaje y sabotaje de los Estados hostiles se han desplazado progresivamente de los gobiernos hacia las empresas occidentales, al reconocer que las innovaciones de las compañías tecnológicas de punta constituían una fuente de ventaja estratégica y que las defensas de esas empresas estaban muy por debajo del valor de lo que poseían.
El 29 de octubre, TraderTraitor, un grupo de hackers norcoreano patrocinado por el Estado, robó 6.300 millones de dólares de Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas. El golpe fue el mayor del que se tenga registro, y superó el ataque de 1.500 millones de dólares que el grupo perpetró contra Bybit, otra plataforma de intercambio de criptomonedas, en 2025. La semana pasada, el FBI anunció que otro esquema norcoreano obtuvo 400 millones de dólares en criptomonedas durante 18 meses, mediante el uso de videollamadas falsas para suplantar identidades.
Corea del Norte ahora considera la actividad comercial ordinaria como una fuente de ingresos. Excluida del sistema financiero internacional por las sanciones, obtiene dinero de tres maneras: robando criptomonedas, incorporando trabajadores a empresas occidentales con identidades falsas y operando empresas comerciales y sociedades pantalla en el extranjero para mover los fondos. Estas actividades suelen superponerse, y las mismas redes llevan adelante las tres.
Para la mayoría de los directores ejecutivos, la seguridad todavía significa contar con un cortafuegos informático. Eso representa apenas la mitad del trabajo. La otra mitad consiste en saber quién se acerca a sus ingenieros, quiénes son realmente sus nuevos empleados y quién está detrás de la agencia de contratación o el proveedor al que le pagan cada mes. Esas preguntas llegan a todas las salas de directorio, mucho más allá de las plataformas de intercambio de criptomonedas y las empresas tecnológicas, y ninguna lista de sanciones puede responderlas.
La contratación de personal se convirtió en una primera línea de batalla. En Binance, la vía de entrada fue una oferta laboral dirigida a uno de sus empleados: un reclutador amable, un par de videollamadas convincentes y una prueba de programación que introdujo software malicioso en la organización. Nada parecía fuera de lo habitual; así es como millones de personas consiguen trabajo cada año.
También funciona a la inversa: las empresas deben ser conscientes de a quiénes están contratando realmente. Muchos trabajadores norcoreanos son desplegados por el Estado en sectores como la tecnología de la información, los restaurantes, las clínicas médicas y las obras de construcción. Operan bajo una estrecha vigilancia y están obligados a enviar sus salarios a su país, por lo que una empresa que contrata a uno de ellos no solo pone en riesgo sus datos, sino que también ayuda a financiar al régimen de Corea del Norte. Sorprendentemente, los controles de contratación y las verificaciones de sanciones en los que confían las salas de directorio estadounidenses y europeas dejarían pasar sin problemas a la gran mayoría de los agentes norcoreanos.
Los empleados no son el único riesgo. Muchas empresas tampoco son conscientes de que, al utilizar al proveedor equivocado o realizar un pago incorrecto, podrían estar enviando dinero involuntariamente a Pyongyang.
Empresas como la mía utilizan ahora inteligencia artificial agéntica para rastrear quién es propietario de quién y quién hace negocios con quién entre miles de organizaciones, examinando más registros públicos de los que cualquier equipo de cumplimiento normativo podría revisar manualmente. Mediante estas técnicas, Strider identificó 875 empresas fuera de Corea del Norte vinculadas con operaciones con el régimen que podrían infringir las sanciones internacionales. Menos del 3% de ellas figura en alguna lista gubernamental de sanciones o de prohibición de exportaciones. En la práctica, una empresa podría firmar un contrato, contratar personal a través de una agencia o pagarle a un proveedor vinculado con Corea del Norte, y sus controles de sanciones no detectarían ninguna señal de alarma.
No sorprende que 408 de estas organizaciones estén radicadas en China y Rusia, los socios más cercanos de Corea del Norte. Lo sorprendente es que el resto se encuentre distribuido en más de 70 países. Ochenta y ocho están en Hong Kong, Singapur, Malasia o los Emiratos Árabes Unidos, centros financieros por los que circulan todos los días el comercio y el dinero occidentales. Corea del Norte puede estar excluida de la economía mundial, pero encontró una puerta trasera.
Fundamentalmente, no se trata solo de empresas que existen sobre el papel. Más de 300 están señaladas por emplear trabajadores norcoreanos en el extranjero, una práctica prohibida por la ONU en 2017. Setenta y nueve están señaladas por haber comprado o vendido material militar norcoreano. Estos proyectiles y misiles ahora están siendo disparados contra ciudades ucranianas.
El dinero vinculado al régimen de Kim Jong Un puede circular a través de instituciones respetables, muchas veces sin que estas lo sepan. Un proveedor o una agencia de contratación pueden parecer completamente legítimos, contar con toda la documentación correcta y superar todos los controles habituales, aunque estén a uno o dos pasos de una red que trabaja en nombre de Corea del Norte. Una lista de sanciones registra únicamente las redes que los gobiernos han designado formalmente, por lo que muestra la amenaza tal como era el día en que se agregó cada nombre. Las redes que están detrás de esos nombres cambian mucho más rápido de lo que la mayoría de los gobiernos puede actualizar una lista.
Excluir el talento internacional o tratar con sospecha a todas las empresas extranjeras sería poco realista. El objetivo debería ser que la apertura sea más segura. En la práctica, eso implica tres cosas. Primero, una debida diligencia rigurosa, centrada activamente en los riesgos estatales: mirar más allá del nombre que figura en el contrato y examinar la propiedad, el financiamiento y los vínculos de un socio con organismos estatales antes de firmar, y no después. Segundo, poner esa información al alcance de quienes toman decisiones en el momento en que deben hacerlo, ya sea en contrataciones, compras o comités de inversión. Tercero, otorgarle autoridad real a alguien: un ejecutivo de alto nivel con la responsabilidad de facilitar los acuerdos adecuados y detener aquellos cuyos riesgos sean evidentes o demasiado opacos.
El mayor robo de la historia de las criptomonedas comenzó con una oferta de trabajo. Durante décadas, la seguridad económica quedó en manos de los gobiernos; Corea del Norte la convirtió en un problema para las salas de directorio. Cada contratación, cada proveedor y cada pago son ahora una posible vía de entrada para un Estado hostil, y los secuaces tecnológicos de Kim Jong Un demostraron que solo necesitan una.
Greg Levesque es director ejecutivo y cofundador de Strider Technologies.
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