La Justicia chilena fijó para la mañana del lunes 23 de mayo la histórica exhumación del presidente socialista Salvador Allende, derrocado en un golpe militar por el general Augusto Pinochet. La medida, pedida por la familia del mandatario y organismos de derechos humanos, busca aclarar las circunstancias de su supuesto suicidio de Allende, ocurrido cuando resistía al golpe militar de 1973.
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La decisión judicial está inscrita en un esfuerzo de la Corte Suprema por investigar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas en la dictadura militar.
La hija del propio dirigente político, la senadora Isabel Allende, solicitó en persona al juez Mario Carroza, responsable del proceso, proceder a la exhumación.
Allende, uno de los máximos líderes de la izquierda de América Latina, siempre dijo a sus cercanos que no se entregaría en caso de un golpe militar.
"De aquí al cementerio", advirtió a sus ministros en su primera reunión de gabinete en 1970, consciente de que su proyecto político enfrentaría la oposición militar de la derecha y Estados Unidos.
El día de la sedición militar ordenó que mujeres y civiles abandonaran el palacio de gobierno y resistió con un fusil el bombardeo a La Moneda.
En Chile, donde unas 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron durante la dictadura militar (1973-1990), un número mínimo de represores cumple condena efectiva.
De los 110 exuniformados condenados los últimos tres años, sólo 22 cumplen penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
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