5 de septiembre 2008 - 00:00

Choca otra vez Zapatero con la Iglesia: extiende el aborto

José L. Rodríguez Zapatero
José L. Rodríguez Zapatero
Madrid (DPA, EFE, ANSA) - El gobierno socialista español volvió a tensar ayer la relación con la Iglesia cuando la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció la elaboración de una nueva ley de aborto en el país, que liberalizará la práctica con «lo mejor de todo lo que hay en el panorama internacional» para el primer semestre del año próximo.

Un comité de expertos en Obstetricia y Ginecología y Derecho Penal estudiará en los próximos seis meses la redacción de una nueva ley de aborto y elaborará conclusiones que se sumarán a las de una subcomisión del Congreso de los Diputados que también estudia el tema.

El gobierno socialista « inicia el camino para la elaboración de una nueva ley, no una reforma de la actual, sino una ley nueva que será la mejor posible», aseguró la ministra. Destacó que la norma garantizará los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales sanitarios, así como la equidad territorial.

«No puede ser que en España una mujer que decida interrumpir legalmente su embarazo tenga dificultades y que el tratamiento que reciba en esa circunstancia sea diferente en función de la comunidad autónoma en la que viva», indicó Aído.

En los últimos meses creció la polémica entre quienes reclaman una reforma y ampliación de la legislación vigente sobre el aborto y quienes, desde la Iglesia y la oposición conservadora, rechazan de plano esa posibilidad.

  • Casos

    La ley del aborto que rige en España entró en vigor en 1985 y despenaliza la interrupción de los embarazos en tres casos: violación, en las 12 primeras semanas de gestación; grave malformación del feto, en las primeras 22 semanas; y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, supuesto para el que no existen plazos.

    Lo que se plantea ahora desde el gobierno es una «ley de plazos», que permitiría a las mujeres abortar voluntariamente sin necesidad de alegar razón alguna durante un plazo determinado de tiempo, que en otros países europeos se encuentra en las 12 o 14 primeras semanas de gestación.

    El gobierno pretende enviar el texto al Congreso de los Diputados en el primer semestre del año que viene y quiere que su aprobación tenga lugar con el «mayor consenso posible», indicó la ministra.

    El Partido Socialista (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero incluía en su programa electoral para las elecciones de 2004 una reformade la ley, que sin embargo no llevó a cabo durante su primer mandato.

    En el programa electoral para las pasadas elecciones de marzo de este año no incluyó ya la reforma de la ley, si bien posteriormente, y tras ganar los comicios, indicó que la emprendería.

  • Estadísticas

    Según datos del Ministerio de Sanidad, 101.592 mujeres abortaron en 2006 en España, de las que 13.894 eran menores de 20 años. Las clínicas privadas realizan 98% de las interrupciones voluntarias del embarazo.

    Las reacciones no se hicieron esperar. Las Juventudes Socialistas de España (JSE) salieron a defender el proyecto, al afirmar la necesidad de «una ley de plazos que garantice la seguridad jurídica y el respeto a los derechos fundamentalesde las mujeres y de los profesionales que las atienden».

    Según las JSE, la norma debe establecer la «obligación de los trabajadores de la sanidadpública de cumplir con la legislación» de modo de acotar «el derecho a la objeción de conciencia de los médicos no como principio general sino como un derecho individual».

    Por otro lado, la Fundación Vida acusó al gobierno socialista de abrir el debate sobre el aborto para desviar la atención de la opinión pública de la seria crisis económica que afecta a España.

    Su director, Manuel Cruz, lamentó que se convierta «un asunto tan serio como es el aborto en un nuevo numerito de sacar conejos de la chistera y apartar la atención de los malos datos económicos». Y criticó que temas como el aborto o la eutanasia «en los que está en juego la vida de miles de personas» se limiten a ser «meros instrumentos» para que el gobierno los airee «el mismo día en el que se conocían los datos de desempleo».
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