Colombia: militarizan ahora tres municipios

Bogotá (EFE, ANSA) - El presidente Alvaro Uribe autorizó ayer medidas excepcionales de control y seguridad en los departamentos de Bolívar, Sucre y Arauca, que han quedado bajo el virtual control de las fuerzas militares, al tiempo que convocó a los ciudadanos «a derrotar el secuestro».

Con estas medidas, el gobierno se propone recuperar el control civil y de las fuerzas de seguridad en 27 municipios de los tres departamentos en donde es más fuerte la influencia guerrillera izquierdista y de las fuerzas paramilitares.

Amparado en el estado de conmoción interior que decretó el pasado 12 de agosto, el presidente definió las tres primeras zonas de rehabilitación y consolidación, y nombró a sus comandantes militares, quienes podrán imponer estrictas medidas de control.

• Coordinación

El decreto señala que los jefes militares asumirán el mando de todas las unidades de la fuerza pública ubicadas en esas regiones, donde se registra una numerosa presencia de las guerrillas izquierdistas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y de los paramilitares de extrema derecha, que se diputan allí el control de extensas zonas de narcocultivos.

Asimismo, los jefes castrenses podrán reglamentar los derechos de movilización y residencia mediante medidas como el toque de queda, permisos especiales para el libre tránsito, circulación o permanencia.

También podrán recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia y ocupación de los pobladores y de las personas que ingresen o transiten por el área bajo su mando. De igual manera fiscalizarán armas, equipos de comunicaciones, vehículos y medios de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo.

Por su parte, los habitantes de las zonas de seguridad tienen la obligación de informar sobre la tenencia o uso de armas o equipos de telecomunicaciones, y deberán tramitar un carnet que certifique su residencia. Quienes incumplan esas obligaciones podrán ser arrestados y deberán ser puestos a órdenes de una autoridad judicial dentro de las 24 horas siguientes.

La ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, aseguró que las zonas especiales suponen «un concepto integral de presencia del Estado», al tiempo que pidió a la Procuraduría y la Fiscalía acompañar las operaciones de la fuerza pública como garantía de respeto a los derechos humanos, ante las críticas recibidas.