Ginebra (Reuters) - Libia, durante mucho tiempo acusada de violaciones a los derechos humanos, fue elegida ayer por abrumadora mayoría para presidir el principal organismo de derechos humanos de la ONU, después de que Washington rompiera con la tradición y forzara una votación.
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El país del norte de Africa, gobernado por Muammar Kaddafi, presidirá la sesión del 17 de marzo al 25 de abril de la comisión de las Naciones Unidas, que se reúne anualmente para evaluar la situación de los derechos humanos en todo el mundo.
La candidata libia, la diplomática y ex periodista Najat al-Hajjaji, recibió el respaldo de 33 miembros en una votación secreta de la comisión, integrada por 53 países, con 17 abstenciones y tres en contra -entre ellos, los Estados Unidos-. «Esto es una derrota para los Estados Unidos, esto es una derrota para la Comisión de Derechos Humanos», dijo el embajador norteamericano, Kevin E. Moley.
Por primera vez desde que se fundó la comisión en 1947, la decisión fue sometida a votación después de que Washington dijo que no se podía «recompensar la terrible conducta» de Libia y exigió que se votara.
Libia, que aún no está totalmente liberada de las sanciones de la ONU impuestas por su presunta implicación en un ataque con bomba a un avión estadounidense que cayó en Lockerbie, fue designada por los países africanos, a los que les correspondía elegir, según la tradición de la ONU.
•Decepción
«Los Estados Unidos están profundamente decepcionados, el gobierno de Libia continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Un país con este antecedente no merece un rol de liderazgo en el sistema de la ONU», dijo Moley a periodistas.
No se supo de inmediato cómo votó cada miembro de la comisión, entre los cuales hay varios países cuyos antecedentes en materia de derechos humanos han sido cuestionados, como Cuba, Sudán y Argelia.
Entre las abstenciones, se cree que se encontraban países europeos y algunos de América latina. Canadá fue el único que avisó de antemano que se alinearía con los Estados Unidos. Hubo también críticas de parte de Israel y de la organización no gubernamental Human Rights Watch.
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