Departamento de Estado contra Trump: 900 funcionarios criticaron veto inmigratorio

Alrededor de 1.000 diplomáticos estadounidenses, un número inusualmente alto, firmaron un documento presentado hoy en el Departamento de Estado para protestar contra el veto temporal impuesto por el presidente Donald Trump a la entrada al país de personas de siete naciones de mayoría musulmana. El gobierno admitió este martes excepciones al decreto.

"El Departamento de Estado puede confirmar que hemos recibido este 31 de enero el cable que expresa la disconformidad" de los diplomáticos, dijo a Efe una fuente de esa agencia estadounidense, que pidió el anonimato.

La fuente no quiso especificar el número de firmantes "para poder respetar el proceso que permite" a los funcionarios de la agencia "expresar sus preocupaciones" en el llamado "canal de discrepancias" del Departamento de Estado, establecido para registrar las opiniones disconformes sobre ciertas políticas.

Sin embargo, según varios medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times, el documento ha reunido alrededor de 1.000 firmas de diplomáticos estadounidenses en todo el mundo, una cifra muy superior a la del resto de cables publicados en el "canal de discrepancias" en los últimos años.

Dicho canal se mantiene desde la guerra de Vietnam (1955-1975) para que los empleados puedan expresar su disconformidad a las altas esferas de la diplomacia estadounidense sin temor a represalias y los documentos allí archivados deben recibir una respuesta oficial en un plazo de entre 30 y 60 días.

Pese a esa larga tradición, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, criticó duramente este lunes a los firmantes del documento, al asegurar que "deberían o bien ajustarse al programa (de veto migratorio temporal) o irse" de sus puestos en el Gobierno.

El propio Trump ha demostrado también su impaciencia con la disidencia interna ante sus políticas, al despedir este lunes a la fiscal general interina, Sally Yates, quien había ordenado a sus subordinados en el Departamento de Justicia no defender el veto, porque no estaba segura de que dicha medida fuera "legal".

En cuanto al documento recién archivado en el "canal de discrepancias" del Departamento de Estado, sus firmantes alertan de que el veto migratorio "amargará inmediatamente las relaciones" con los siete países afectados "y buena parte del mundo musulmán, que considera que la prohibición ha estado motivada por la religión".

"Al alienarlos, perdemos acceso a la inteligencia y los recursos que necesitamos para combatir las causas que están en la raíz del terrorismo en el extranjero, antes que haya un ataque en nuestro país", denuncian los diplomáticos, preocupados además por un aumento en el "sentimiento antiestadounidense" en el mundo.

También advierten de que el requisito impuesto a los países para que el veto se levante -garantizar que cada individuo que pide visado es quien dice ser y no una amenaza- es demasiado "vago y nebuloso" para que esos Gobiernos puedan o quieran cumplirlo.

Esa opinión, compartida por un millar de los casi 19.000 empleados del Departamento de Estado, presenta un reto para el nominado por Trump para dirigir la agencia, Rex Tillerson, quien se espera que sea confirmado esta semana por el Senado como nuevo jefe de la diplomacia estadounidense.

Sin embargo, el gobierno admitió este martes excepciones al decreto que prohíbe el ingreso de ciudadanos de siete países musulmanes y suspende temporalmente el programa de refugiados tras las fuertes críticas recibidas.

Esta semana se permitirá el ingreso de 872 refugiados gracias a una excepción prevista en el decreto, indicaron las autoridades.

La autorización rige para aquellos que de otro modo sufrirían "dificultades" debido a que ya estaban listos para viajar, dijo el encargado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, Kevin McAleenan.

La administración Trump aclaró además que esta prohibición no rige necesariamente para las personas que tengan doble nacionalidad, una de ellas de uno de los siete países afectados por la medida.

"Los viajeros serán evaluados teniendo en cuenta el pasaporte que muestren", anunció McAleenan.

Las personas que tengan, por ejemplo, un pasaporte de Reino Unido además de un país afectado, pueden mostrarlo y entrar al país, señaló.

De todas formas, el fiscal general del estado de Washington (EEUU), Bob Ferguson, interpuso este martes una demanda contra la orden ejecutiva sobre migración y refugiados convirtiéndose así en el primer estado en dar ese paso.

"Somos un país construido en el imperio de la ley. En un tribunal, no es la voz más fuerte la que prevalece. Es la Constitución", afirmó Ferguson, un demócrata, en una rueda de prensa en Seattle (Washington).

De acuerdo con el fiscal general, la demanda fue interpuesta contra el propio Trump, el Departamento de Seguridad Nacional y varios altos cargos de la administración, y recordó que de ser exitosa tumbará la orden presidencial en todo el país.

En apoyo a la demanda, Ferguson presentó dos escritos de las empresas Amazon y Expedia, ambas con sede en el estado de Washington.

Trump ha causado una enorme controversia y ha soliviantado a medio mundo con la orden ejecutiva que firmó el pasado viernes, como herramienta para luchar contra el terrorismo yihadista.