El Gobierno español obligará a los influencers a rectificar sus "fake news"

El proyecto de ley apunta a los creadores de contenidos con más de 100.000 suscriptores en una red social. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, anunció que este texto reemplazará al de 1984 para "adaptar a la realidad del siglo XXI".

La norma y el nuevo proyecto de ley contienen solamente siete artículos.

El Gobierno español presentó este martes un innovador proyecto de ley para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a rectificar "fake news" de publicaciones en internet, especialmente en cuentas de influencers que tengan una determinada cantidad de seguidores.

Félix Bolaños, el ministro de Justicia, explicó en una conferencia posterior al Consejo de Ministros semanal que "hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades. También contra ellos se podrá ejercer el derecho a la rectificación".

El proyecto visualiza un cambio para combatir con las problemáticas que están generando las redes sociales y las plataformas digitales. Este texto reemplazará al de 1984 para "adaptar a la realidad del siglo XXI" y "a un entorno digital como es el actual", añadió Bolaños.

El objetivo principal es combatir contra las fake news de los influencers y las redes sociales.

Cuáles son las claves del proyecto

El proyecto de texto todavía debe ser aprobado por el Parlamento y establece que los medios de comunicación, creadores de contenidos e influencers con más de 100.000 suscriptores en una red social o más de 200.000 suscriptores en todas sus redes online, tendrán que disponer de "un mecanismo fácil y accesible para facilitar el derecho a la rectificación de los ciudadanos de nuestro país", explicó Bolaños.

La norma cuenta con sólo siete artículos que detallan lo siguiente: la inclusión de los medios digitales y plataformas en línea, la ampliación de las personas legitimadas que pueden ejercer el derecho, cómo serán las publicaciones, plazos y acuerdos de rectificación y el procedimiento judicial en caso de no ser suficiente.

Al mismo tiempo, otra de las modificaciones que se presentaron fue el plazo para solicitar una rectificación a un medio de comunicación, que se amplió de siete a diez días, donde ya tampoco será necesario ponerse en contacto con el director de la publicación.