El Parlamento italiano aprobó la inmunidad para Berlusconi
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La oposición presentó una enmienda, que fue aceptada, que establece que la suspensión de los juicios no se aplique en el caso de sucesivas investiduras del Gobierno.
De esta ley se puede beneficiar Berlusconi, imputado por los jueces de Milán por supuestos casos de corrupción.
Tras aprobarla hoy el Senado, Antonio Di Pietro, líder del partido Italia de los Valores (IDV, en la oposición), anunció que, a partir de enero, comenzará a recoger firmas para convocar un referendo para que sea derogada.
Di Pietro afirmó que en un país civilizado, "los ciudadanos tienen derecho a saber si el presidente del Gobierno es o no un delincuente, ya que saberlo después (de que haya acabado su mandato) no sirve para nada".
El líder de IDV manifestó que detrás de la ley "sólo se esconde el objetivo de Berlusconi de sustraerse a las leyes".
"El único que está contento (con la ley) es el presidente del Gobierno. Cada vez que Berlusconi teme un juicio se hace una ley o para que no le juzguen o para despenalizar el delito del que se trate o para llegar cuanto antes a la prescripción. Así es muy fácil ser primer ministro", denunció Di Pietro.
Berlusconi justificó esa ley, cuando su ejecutivo aprobó el proyecto de ley, afirmando: "no es posible que me tenga que dedicar todos los sábados a preparar las audiencias de los juicios, en vez de trabajar para el país".
Esta es la segunda vez que Berlusconi presenta una normativa que la oposición considera que está hecha a su propia medida. En 2004 lo intentó, pero, tras ser aprobada por el Parlamento, el Tribunal Constitucional la anuló al considerarla contraria a la Carta Magna.
Para evitar problemas de anticonstitucionalidad, la nueva ley incluye algunos cambios, como que las víctimas de los procesos contra estos altos cargos puedan continuar sus acciones legales por la vía civil.
Otra diferencia de este proyecto de ley con el de 2004 es la exclusión de presidente del Tribunal Constitucional, que si figuraba en aquella ocasión como otro de los beneficiarios. Además, establece como límite de la inmunidad la duración del mandato e introduce la posibilidad de renunciar a este privilegio.




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