Evo Morales fijará precio interno y externo del gas

Evo Morales, con una corona de pan como augurio de suerte, ayer en Sucre, junto a su vice y eminencia gris, Alvaro García Linera. El flamante presidente boliviano propuso un acuerdo de gobernabilidad a las regiones, mayoritariamente en manos opositoras.

La Paz (Reuters, EFE) - En su primer día de gestión, el presidente de Bolivia, Evo Morales, apuntó ayer contra las empresas de hidrocarburos al anunciar que el Estado fijará los precios internos y de exportación, y que registrará como propias las reservas de gas natural ante las Bolsas y organismos internacionales, como el primer paso de cara a la anunciada nacionalización del recurso.

El anuncio fue hecho por el designado ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, ni bien asumió.

En particular, el ministro mencionó el caso de la española Repsol-YPF y las ventas a la Argentina. «Vamos a elaborar un proyecto de ley de (cambio de) artículos puntuales de la Ley de Hidrocarburos, que nos den más fuerza como gobierno. Por ejemplo no es posible que Repsol Bolivia venda a Repsol Argentina al precio que ellos ponen», especificó Soliz Rada, un periodista y analista de izquierda que enarboló la bandera de la nacionalización y en los últimos años dio sustento ideológico a los grupos indigenistas.

«El Estado tiene que participar en la fijación de los precios externos, también de los precios internos», agregó. Consultado sobre el nuevo nivel tarifario, Soliz Rada aseguró que habrá «anuncios en los próximos días».

El funcionario anticipó que «la primera tarea será anotar en Bolsas y otras instancias las reservas de gas a nombre del país». «Esta es una de las medidas claves de la nacionalización», dijo el ministro minutos después de jurar en su puesto.

En este punto volvió a referirse a Repsol-YPF, empresa que controla 20 por ciento de las reservas bolivianas, las que registró en la Bolsa de Nueva York.

• Círculo cuadrado

«Ellos (Repsol-YPF) han hablado con un término muy curioso, dicen que son concesiones soberanas, y a mí me parece que esa respuesta es como hablar de un círculo cuadrado», denunció.

Manifestó que «las concesiones son limitadas, tienen una temporalidad muy específica y la soberanía es absoluta» del Estado en el que se encuentran.

Al respecto, el portavoz de la compañía en Bolivia, Miguel Cirbian, señaló hace unas semanas que la inscripción de las reservas se trata de «una operación normal en todo el mundo».

«Todas las compañías lo hacen, son exigencias de información y de ninguna manera involucran una apropiación de las reservas», explicó entonces.

Soliz dijo que, según la Constitución, «los yacimientos son de propiedad directa, inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano» y anunció que el nuevo Ejecutivo anotará las reservas a nombre del Estado.

La decisión de registrar las reservas es la primera medida de alcance internacional que toma el país luego de la aprobación en el Congreso el año pasado de la Ley de Hidrocarburos, que estableció que el gas es propiedad de Bolivia bajo tierra y también tras ser extraído por las empresas.

Según Soliz Rada, Bolivia posee « entre reservas probadas y probables 48,7 trillones de pies cúbicos de reservas de gas. A un valor mínimo de 3.000 millones de dólares por trillón de pies cúbicos, significa unos 150.000 millones de dólares».

«Es como tener dinero en el banco que debemos aprovechar», concluyó.

Soliz Rada deberá negociar con petroleras extranjeras, entre ellas Repsol, Total, British Gas y Petrobras, una adecuación de los contratos para tomar el control estatal pleno sobre la industria y elevar los ingresos fiscales por la explotación de gas y petróleo.

• Protección

La mayoría de las empresas ha recurrido a acuerdos bilaterales de protección de inversiones para resistir la readecuación de los contratos, y aún corre un plazo de 180 días -hasta el 30 de junio- para negociar antes de llegar a una instancia de arbitrajes. Esta semana, Repsol y Total informaron que decidieron dejar de lado ese proceso para negociar directamente con el nuevo gobierno. La actual normativa permite al Estado recaudar una media de 417 millones de dólares anuales, al haber creado un nuevo impuesto de 32 por ciento, que se suma a la regalía o tributo fijo sobre la explotación vigente de 18 por ciento. Rige, además, un gravamen sobre las utilidades.

El funcionario dijo que «no negociaremos corporativamente, en todo caso será empresa por empresa. No le reconocemos un carácter gremial» a la Confederación Boliviana de Hidrocarburos.