París (AFP) - El gobierno francés del primer ministro Jean-Pierre Raffarin aprobó ayer un drástico endurecimiento de las penas en el marco de la lucha contra la inseguridad, tema que dominó la campaña electoral para las elecciones presidenciales de mayo y las legislativas de junio.
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El proyecto de ley, elaborado por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, y que todavía tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional y por el Senado, apunta a prohibir la prostitución en la vía pública, la mendicidad agresiva y el tráfico de prostitución. Además, agrava las penas para inmigrantes ilegales y personas sin domicilio fijo.
También castiga duramente los insultos contra los policías y las reuniones de jóvenes en las entradas de edificios.
El proyecto propone, a su vez, castigar con hasta cinco años de prisión y 73.500 dólares a los traficantes de personas que obliguen a mendigar a nenes discapacitados.
Se trata de garantizar la seguridad «de los más pobres, los que cuentan con el Estado porque no tienen a nadie para defenderlos, los que han sido olvidados desde hace tantos años», declaró Sarkozy.
La Liga francesa de los Derechos Humanos tachó la ley de «liberticida» y consideró que «podría llevar hacia un Estado autoritario». La izquierda, derrotada en las elecciones, aseguró que el proyecto de ley del gobierno apunta a «hacer la guerra a los pobres» y no a la pobreza. Raffarin, del partido centroderechista de Jacques Chirac, ganó las elecciones presidenciales y legislativas gracias a su promesa de luchar contra la inseguridad, la principal preocupación de los franceses.
Mientras, una organización que agrupa a las prostitutas francesas ya anunció una manifestación contra el proyecto. «No queremos que nos metan en un mismo saco con prostitutas esclavas traídas desde Europa del Este», dijo una vocera del grupo.
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