El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón declaró hoy a Batasuna, el brazo político de ETA, responsable de la violencia callejera que vive el País Vasco y ordenó embargar los bienes de la coalición radical para hacer frente a los daños ocasionados en estos actos.
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En un auto notificado hoy, el juez considera que Batasuna debe aportar la cantidad de 24 millones de dólares por los daños ocasionados en los actos de violencia que protagonizan miembros de la agrupación juvenil Segi, considerados simpatizantes de ETA.
El magistrado abre también la vía para que las víctimas de los atentados de ETA puedan reclamar indemnizaciones a Batasuna al extender su responsabilidad "a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público y privado".
Además de embargar los bienes de Batasuna, el juez ordenó incautar otros activos financieros de la coalición radical, como créditos, subvenciones o cuentas bancarias.
Garzón considera en su auto que existe una clara relación entre la organización juvenil Segi y Batasuna, dentro del complejo liderado por la banda terrorista ETA.
Según el juez, el "patrocinio y/o cobertura" que Batasuna presta a Segi está demostrado, ya que -bien como estructura o a través de "miembros relevantes" de dicha formación- la primera cede locales, asiste a ruedas de prensa y hace manifestaciones públicas de adhesión a las convocatorias de acciones violentas hechas por dirigentes de la organización juvenil.
En resumen, el magistrado afirma que igual que Batasuna pone sus bienes al servicio del complejo etarra, "debe responder también de las consecuencias dañosas para la vida, la libertad o el patrimonio que las acciones delictivas de los miembros integrados en aquél producen, y que podrían ser evitados o disminuidos mediante una acción decidida y contraria a los mismos".
La resolución recoge un listado de cuarenta y seis acciones de violencia callejera ocurridas con ocasión de movilizaciones realizadas por Segi entre julio de 2001, un mes después de que esta organización sucediera a la ilegalizada Haika, y febrero de 2002, y por las que están imputados como inductores una docena de dirigentes de la organización juvenil.
Garzón solicitó hoy mismo a la Policía que elabore un listado de los bienes de Batasuna para poder proceder a su embargo si esta formación no deposita una fianza por los 24 millones de euros que le exige.
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