Brasilia (ANSA, EFE) - En el primer desafío al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, sus antiguos compañeros de lucha, los sindicatos de empleados públicos, se declararon en contra de los planes oficiales para reformar el deficitario sistema previsional y exigieron un aumento salarial de 47%. El conflicto pare-ce inevitable: las autoridades han hecho de esa reforma uno de los puntos centrales de su gestión y, en materia salarial, han ofrecido una suba de sólo 2,5% a partir de mayo.
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La campaña del Sindicato de Empleados Públicos Federales fue aprobada en una asamblea realizada el martes a la noche, que contó con la participación de cuatro representantes de los sectores radicales del gobernante Partido de los Trabajadores.
El gremio, que dice haber perdido ese 47% de poder adquisitivo desde 1999, logró así el respaldo de los minoritarios sectores marxistas del PT para «luchar» contra la política económica de austeridad anunciada por el gobierno del socialista Lula. Paralelamente, se declaró en defensa del actual sistema de previsión social para el sector, calificado como de «privilegio» por los observadores, lo que prenuncia otro choque con un gobierno decidido a encarar esa reforma.
El año pasado, el sistema previsional tuvo un déficit global de 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones correspondieron al sector público. Este sector cuenta con 3 millones de jubilados frente a 20 millones del sector privado.
En lo que respecta al conflicto salarial, el presidente, un ex sindicalista que dedicó su vida política a luchar por los asalariados, ha nombrado una comisión especial para que analice el caso de los empleados públicos, pero sin abrir mucho espacio para negociar.
Lula, junto con su equipo económico, ha decidido aplicar severos recortes al presupuesto nacional para este año, pese a que ya lo consideraba estrecho, debido al delicado escenario económico mundial y sus previsibles consecuencias en Brasil.
Hasta ahora, a raíz de desequilibrios internos y el efecto de la crisis económica global, esas consecuencias se han traducido en un brote inflacionario que el año pasado llevó la tasa a 12,53%, con tendencia a mantenerse o a seguir subiendo en un escenario con tasas de interés crecientes.
El economista Wilson Amorim, del Dieese, admitió que el panorama para el gobierno es complicado. «Es difícil, pues hay un desempleo alto (11 por ciento), intereses altos, inflación alta y ninguna política salarial», declaró.
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