Hasta se temió un fujimorazo

Aunque no se supera la crisis, Bolivia entra en calma temporaria con la posibilidad de elecciones en noviembre próximo. Previo a eso circulaban las más duras versiones, con la posibilidad inclusive de afectar la democracia. ¿Estaba en curso un golpe de Estado en Bolivia? ¿Ese golpe de Estado sería «a la Fujimori», con el cierre del Congreso por su incapacidad de sesionar en La Paz o en Sucre y, por lo tanto, de resolver la renuncia del presidente Carlos Mesa? Estas preguntas eran las más frecuentes anoche, cuando en las oficinas del gobierno de Néstor Kirchner, donde se monitorea la crisis boliviana, se examinaban los principales hechos del día. Sobre todo, tres: la muerte de un insurgente, la aparición del ejército en el primer plano, durante una conferencia de prensa dictada por oficiales vestidos con ropa de combate, y la imposibilidad del Congreso para sesionar en Sucre (algo superado anoche). Todavía no se conocía el desenlace: la renuncia de los sucesores parlamentarios de Mesa para que asumiera el poder el presidente de la Corte, Eduardo Rodríguez. Un final que tal vez no era posible sin la presión sobre los legisladores con el cierre de las cámaras.

Sobre la base de aquellos indicios dramáticos, se constituyó a lo largo del día la hipótesis amenaza de que Mesa bien podría jugar una última carta a favor de su continuidad, clausurando el Parlamento y convocando a elecciones para noviembre.El protagonismo del ejército, ayer, iría en esa dirección, según esa tesis. Un cuadro de esta naturaleza justificaría más el dramático llamado de Mesa a Kirchner, cuando le reclamó el envío de algo más que un observador: en realidad, el renunciante mandatario boliviano solicitó que la Argentina se pusiera al frente de una operación internacional de salvataje de la institucionalidad en base a Mesa.

En la reunión de la OEA de Fort Lauderdale, donde comenzó a negociarse aquella situación con el canciller de Mesa, Juan Ignacio Siles, se dieron los primeros pasos de aquella operación que ayer el alfonsinista Raúl Alconada Sempé llevaba adelante entre La Paz y Sucre, junto con el brasileño Marco Aurelio García y el colombiano José Antonio Ocampo, el enviado de Kofi Annan desde la ONU. En esas conversaciones con Siles, igual que en las que se mantuvieron durante el almuerzo de cancilleres que encabezó Condoleezza Rice (con Rafael Bielsa sentado a su derecha), se fijó un principio no negociable: cualquier estabilización de la crisis debía darse en el marco de la Constitución como finalmente ocurrió anoche. Esta premisa se estableció explícitamente y no pensando sólo en Bolivia, sino también en los demás países de la región con inestabilidad política, sobre todo Ecuador y Perú.

Por eso anoche en la Cancillería argentina, en la Gendarmería (la única fuerza de seguridad con un seguimiento minucioso de la crisis, ya que, por razones presupuestarias, la SIDE clausuró su delegación en La Paz) y en el Ministerio del Interior (donde se teme una migración hacia Salta y Jujuy de cientos de miles de bolivianos si se radicalizaba la violencia), se evaluaba la posibilidad de que el ejército respaldara la continuidad de Mesa. La militarización de las principales áreas del país, anoche, y la reunión que el presidente renunciado mantuvo a última hora con los mandos militares volvían más verosímil aquella versión del cierre del Congreso. La decisión buscaba evitar el desenlace más probable y dramático: la consagración de Hormando Vaca Díez (o del titular de Diputados, Mario Cossío), como presidente en medio de un país ensangrentado y al borde de la secesión. Sobre todo, mientras se mostraba todavía muy esquiva la ecuación más deseable para el Episcopado y para el trío de mediadores que llegó ayer a Bolivia: la de un gobierno en manos del titular de la Corte, Eduardo Rodríguez, para encauzar el proceso institucional, referendo y elecciones mediante, lo que finalmente ocurrió. Alconada, García y Ocampo viajaron al país con esa visión del problema, y por eso su agenda inicial fue reunirse con la jerarquía episcopal (el cardenal Julio Terrazas y el obispo Jesús Juárez) para después encontrarse con el juez Rodríguez.

Evo Morales pretendía el desplazamiento de las oligarquías cruceña y tarijeña, con asiento en las Cámaras, y una larga transición hacia las elecciones. Sólo así el líder del Movimiento al Socialismo podría superar las contradicciones que se le abrieron en el propio campo de los «movimientos originarios», ya que desde Felipe Quispe hasta Abel Mamani lo acusan de asumir posiciones demasiado transigentes, sobre todo en torno a la pretensión de nacionalizar los hidrocarburos. Todas las previsiones indican que, a pesar de su gran evolución política, Morales no superaría como candidato al ex presidente Jorge «Tuto» Quiroga, acaso el líder más equilibrado que presenta hoy la deteriorada clase dirigente de Bolivia. Quiroga se ha sustraído al desgaste de la turbulencia actual y permanece en los Estados Unidos.

Vaca Díez, el presidente del Senado, había insinuado la posibilidad de un avance de Mesa sobre el Congreso ayer, en declaraciones de gran ambigüedad concedidas a la cadena CNN. Este cruceño, representante de la clase política tradicional, sugería que si los legisladores no podían reunirse era por la presión que ejercían, en un pacto secreto, el renunciante Mesa y el líder cocalero Evo Morales, a quienes identificó como los inspiradores de las movilizaciones que impedían las sesiones en La Paz y en Sucre.

Bolivia pasó el día de ayer acorralada en la eventualidad de un doble golpe: el que podía realizar Mesa disolviendo el Congreso con el aval del ejército o el que también soñaba Vaca Díez, apoyado en los mismos fusiles, pero para desbaratar lo que para él era un pacto entre el presidente renunciante y el movimiento indigenista. Ningunade esas cosas sucedió.

Mientras la ruleta boliviana giraba entre varias alternativas, todas costosas, Kirchner mantendrá hoy una entrevista que acaso no sea la más oportuna para este contexto. Se verá con el presidente de Chile, Ricardo Lagos, quien le propondrá una «solución» a la crisis energética que esconde la crisis boliviana. Como se adelantó ayer en este diario, el programa de Lagos supone prescindir de Bolivia como proveedor de gas para Sudamérica y abastecerse desde el yacimiento Camicea, en Perú. Un negocio muy dudoso, según los técnicos, que supone duplicar el costo del gas que se importa desde la Argentina, pero que entusiasma especialmente a los directivos de Techint -empresa responsable de aquel megagasoducto peruano que se extendería hasta el norte de Chile-, que intentaban ayer convencer al personal de la Secretaría de Energía sobre las virtudes del emprendimiento.