España sufre la primera huelga de jueces de su historia, con la que los convocantes expresan su malestar por la sobrecarga de trabajo, el atraso tecnológico del sistema judicial y presuntas injerencias políticas en la Justicia.
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El paro fue convocado, en una decisión sin precedentes, por dos de las cuatro asociaciones de magistrados del país, la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).
Antes del día de huelga, la convocatoria ya dejó patente la desunión de la carrera judicial y provocó, además, un debate político y doctrinal sobre el derecho a huelga de los jueces.
Según datos ofrecidos por los convocantes, unos 1.500 jueces informaron durante la mañana de que están adhiriendo al paro, según informó la agencia de noticias DPA. Las dos asociaciones convocantes suman unos 3.500 asociados.
Las otras dos organizaciones, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD), no respaldan el paro de 24 horas pero convocaron concentraciones y actos de protesta simbólicos a la puerta de los juzgados, si bien no descartan convocar otra huelga el 26 de junio.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, expresó, sin conocer datos de seguimiento, que cree que el paro será "bastante minoritario", lo que demostraría un grado de responsabilidad "grandísimo" entre los magistrados.
El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coinciden en que la huelga perjudicará a los ciudadanos y dañará una imagen ya deteriorada de la Justicia española.
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