El gobierno británico le dio luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos

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El gobierno del premier británico, Boris Johnson, dio luz verde política a la entrega a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Y si no es el último clavo plantado en el ataúd de Assange, poco falta.

La ministra del Interior, Priti Patel firmó el decreto de extradición del ex pimpinela escarlata australiano: luego de más de una década de sed de venganza de Washington, donde corre el riesgo de recibir una condena de hasta 175 años de cárcel por publicar montañas de documentos reservados embarazosos para muchos gobiernos, conteniendo, entre otras cosas, evidencias de crímines de guerra norteamericanos en Irak y Afganistán.

Un hecho técnico largamente descontado, el de Patel. Y también apelable, como los defensores de Julian Assange, de 51 años en julio, se aprestan a realizar dentro de los 14 días prescritos. Pero que será duro revertir, a pesar de la indignación de los partidarios esparcidos por el mundo, habida cuenta de que reabrir el caso con base puramente procesal debería ser la misma Alta Corte británica que ya dio el mérito jurídico a la crucial autorización a la extradición. Y que un eventual sucesivo ulerior recurso a la Corte Europea de los Derechos del Hombre podría llegar tarde o ser ignorado.

Como decir que el destino se muestra signado, no obstante las protestas globales de variadas voces: de ambientes de la ONU a ONGs del calibre de Amnistía Internacional (AI) o de Reporteros sin Fronteras, de asociaciones periodísticas de medio mundo a partidos y exponentes políticos (también italianos) fuera del coro, y hasta algún sector bipartidista del Parlamento de Westminster (del exlaborista Jeremy Corbyn al exministro garantista conservador Davide Davies).

Y el propio Anthony Albanese, neo primer ministro de la tierra natal de Assange proveniente de los rangos de la izquierda del laborismo australiano.

"Permitir que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos significaría exponerlo a un gran peligro y enviar una mensaje estremecedor a los periodistas de todo el mundo", vociferó, entre los primeros, Agnes Callamard, secretaria general de AI, y calificó como poco creíbles , precedentes en mano, el compromiso pro forma puesto en fase final por los representantes de Washington de a ahorrar, si no otra reprobación, un "aislamiento prolongado en la cárcel" y vejaciones equiparadas a la "tortura".

En primera fila, en la batalla de último recurso para Julian Assange, está, sobre todo Wikileaks, y naturalmente Stella Morris: la abogada sudafricana que a Assange le dio dos hijos durante los 7 años de su asilo en la embajada de Ecuador en Londres, para luego desposarlo en marzo tras los muros de la lúgubre cárcel de máxima seguridad de Belmarsh.

Hoy, denunció Morris, "es un día negro tanto para la libertad de información en el mundo como para la democracia británica. Priti Patel eligió ser cómplice de la extradición de Julian hacia un país que complotó para asesinarlo, y que quiere transformar al periodismo de investigación en un crimen. Mi marido no hiza nada equivocado, es un periodista y editor culpable solo de haber cumplido con su deber", al revelar informaciones de interés público también mediante algunas de las publicaciones más prestigosas del mundo.

"No nos confundamos, esto fue siempre un caso de persecución política, no un caso legal", presentó, aferrándose a la esperanza de la enésima apelación y de un relanzamiento de las protestas callejeras para decirse convencida de que el partido "aún no terminó", y puede existir un camino abierto "hacia la libertad de Julian", aún "largo y tortuoso".

En un contexto de que todavía sigue siendo difícil para una figura nunca alineada como el controvertido activista australiano, tanto más en el clima de la nueva guerra fría con Rusia que estalló con la invasión a Ucrania.

Figura a la que Estados Unidos -archivado desde hace tiempo el intento de Suecia de comprometerlo con las poco verosímiles sospechas de estupro -no vacilan en imputar no solo el presunto delito de complicidad en el jaqueo de archivos del Pentágono, sino también una acusación de violación de la ley sobre espionaje (Espionage Act de 1917)-, jamás vista castigar la difusión de documentos secretos por los medios de comunicación.

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