La Corte de EE.UU. revisará legalidad de inyección letal

La sala de ejecución de la prisión californiana San Quentin. La histórica decisión de la Corte respondió a una demanda presentada por dos condenados a muerte.

Washington (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - La Corte Suprema de Estados Unidos anunció ayer que examinará el recurso presentado por dos condenados a muerte de Kentucky (centro del país) que alegan que el método de ejecución por inyección letal es contrario a la Constitución.

Este anuncio podría generar la suspensión de la mayoría de las ejecuciones previstas hasta que la más alta instancia judicial del país tome una decisión.

«Durante los próximos seis meses podría ser que se suspenda la mayoría de las ejecuciones», estimó Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la pena de muerte. «No pienso que la Corte Suprema esté a punto de suprimir la pena de muerte, pienso más bien que (los jueces) establecerán normas para la inyección letal», añadió.

Los magistrados accedieron a considerar los dos casos de condenados a muerte en medio de la creciente controversia respecto de la forma en que se administran las inyecciones. Algunos argumentan que estas ejecuciones a menudo son lentas y dolorosas, y contravienen la prohibición constitucional de ejercer «castigos crueles e inusuales».

Utilizada en casi todas las ejecuciones en Estados Unidos desde el final de los años 1990, la inyección consiste en la administración de tres productos: el primero duerme al condenado, el segundo paraliza sus músculos y el tercero detiene su corazón.

La muerte parece pacífica y sin dolor, pero estudios científicos y el análisis de algunas ejecuciones fallidas demostraron que si el primer producto se administra mal, los dos siguientes son extremadamente dolorosos.

Conscientes

En 2005, un estudio reveló que algunos cadáveres de condenados presentaban dosis muy débiles de sedantes, lo que deja suponer que a lo mejor estaban conscientes mientras se les inoculaban las otras dos sustancias.

Y en diciembre, un condenado ejecutado en Florida, Angel Nieves Díaz, hizo muecas y tembló, con los ojos muy abiertos, antes de sufrir convulsiones y morir al cabo de una larga media hora: las agujas habían penetrado demasiado y el veneno fue inyectado fuera de sus venas.

Cientos de condenados a muerte en todo el país presentaron recursos ante la Justicia señalando que este riesgo de sufrimiento se vincula con «los castigos crueles e inusuales» que prohíbe la Constitución.

La multiplicación de tales recursos condujo a que se suspendieran ejecuciones en una decena de estados, lo que no obstante no impidió que se llevaran a cabo 53 ejecuciones en 2006 y 41 este año. Todas ellas, exceptodos, por inyección letal. Está prevista una nueva ejecución en Texas para el martes de noche.

Hasta ahora, la Corte Suprema había rechazado pronunciarse sobre la inyección letal, pero a principios de semana aceptó abordar el tema tras el cuestionamiento de si esta práctica, como se lleva a cabo actualmente en Kentucky, viola la octava enmienda de la Constitución.

Las inyecciones letales se han convertido en el método más popular de ejecución en el país después de la reinstauración de la pena de muerte en 1977. Según datos del Departamento de Justicia, entre ese año y 2006, 1.056 personas fueron ejecutadas en el país. La última estadística sobre los métodos de ejecución es de 2004. De 1977 a 2004, de 944 personas ejecutadas, 776 recibieron inyecciones letales.