La CPI dicta mañana su primera sentencia sobre niños soldado en Congo

La Corte Penal Internacional (CPI) dictará mañana, casi diez años después de su apertura, su primera sentencia referida al proceso judicial del exrebelde congolés Thomas Lubanga, acusado de reclutar niños soldados entre 2002 y 2003 en la República Democrática de Congo.

Los jueces han deliberado sobre este caso desde el pasado mes de agosto, cuando el juicio quedó visto para sentencia.

En las últimas vistas del proceso, Lubanga, de 51 años, afirmó que actuó movido por "un espíritu de reconciliación", mientras que sus abogados acusaron a la Fiscalía de haber manipulado "intencionadamente" los testimonios de "falsos niños soldado".

Los representantes legales de Lubanga mantuvieron que 8 de los 9 niños soldado que testificaron durante el juicio llamados por la Fiscalía nunca habían estado alistados en las tropas del acusado y que además mintieron sobre su edad.

Los fiscales apuntaron en sus argumentos finales que la culpabilidad de Lubanga, que ingresó en la prisión de la CPI en marzo de 2006, no daba lugar a "ninguna duda razonable".

En los dos años y cuatro meses que ha durado el juicio, los magistrados han escuchado los testimonios de 36 testigos por parte de la Fiscalía y de 24 por la de la defensa.

Los niños soldado que testificaron explicaron el "horror" vivido al tener que luchar en las milicias rebeldes, obligados a matar a conocidos y desconocidos a una edad en la que apenas podían comprender lo que hacían.

Según la Fiscalía, la vulnerabilidad de estos menores se puso en evidencia con el primer ex niño soldado que declaró ante los jueces, cuyo testimonio tuvo que ser sopesado en varias ocasiones porque el muchacho llegó a decir que una ONG le había presionado para que declarara que había sido reclutado, aunque después se retractó de esta afirmación.

El largo proceso contra Lubanga sufrió un vuelco cuando la cámara decidió, en julio de 2010, paralizar el proceso y poner en libertad al acusado, tras argumentar que el fiscal Luis Moreno Ocampo se había negado a cumplir una orden de los jueces en la que se solicitaba identificar a uno de los testigos protegidos de los fiscales.

Esta orden fue anulada en agosto de 2010 por la Cámara de Apelación que, tras ordenar el reingreso en prisión de Lubanga, reconoció que la Fiscalía debía cumplir las órdenes de los magistrados, pero consideró que la medida de paralizar el juicio era desmesurada y podía sustituirse, por ejemplo, por sanciones a la Fiscalía, con lo que el proceso pudo seguir.

La Fiscalía acusa a Lubanga de reclutar a menores de 15 años de la etnia hema en la región de Ituri (sureste), los cuales, según dijo durante el juicio Ocampo, "tuvieron que empuñar un arma a edades tan tempranas como los nueve años" y, además, se convertían en esclavos sexuales de sus comandantes.

De acuerdo con Human Rights Watch, Ituri, una de las áreas más afectadas por las guerras en la República Democrática de Congo, ha sido escenario de un conflicto armado local entre las etnias hema y lendu, que luchaban por el control de las minas de oro en la zona.

Creada en 2002 como primera corte internacional de carácter permanente, la CPI basa su funcionamiento en el Estatuto de Roma, que le permite juzgar crímenes de guerra y lesa humanidad, entre ellos genocidio.

La CPI investiga en estos momentos presuntos crímenes en Uganda, Sudán, República Democrática, Libia, Costa de Marfil y Kenia.

También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea del Norte y Nigeria.