La escandalosa historia de bancos que privatiza Lula

La reciente decisión de Luiz Inácio Lula Da Silva de privatizar los bancos estaduales de Maranhao, Ceará, Santa Catarina y Piauí -administrados por el Banco Central- no representa sólo un nuevo hito en el claro giro pro mercado del presidente de Brasil. También supone la voluntad de zanjar una costosísima ola de crisis financieras provocada por malas administraciones y manejos políticos, cuyo origen es el poder desmesurado de los caudillos del interior del país.

La privatización de esas entidades dedicadas al fomento de las actividades económicas locales se enlaza así con la reforma tributaria anunciada ayer en un drástico intento de modernizar las relaciones entre la Unión y los estados brasileños (ver nota vinculada).

El propio Cardoso definió antes de dejar el poder esa ola de crisis en los bancos regionales como un efecto del fuerte regionalismo brasileño. Según él, «los estados obligaban a los bancos a comprar sus títulos y luego estos bancos se los pasaban al Central para evitar cadena de quiebras». Pero las privatizaciones de esas entidades fueron trabadas numerosas veces en la Justicia por el propio Partido de los Trabajadores. Con su decisión, Lula está rompiendo un viejo tabú en su agrupación.

La crisis de cada uno de esos cuatro bancos tiene ribetes polémicos e interesantes e involucra -de distintas maneras-a prominentes figuras políticas aliadas del actual gobierno.

Banco del Estado de Maranhao (BEM).

Su colapso -»un escándalo de 200 millones de reales», más de 56 millones de dólares al cambio actual, como dijo la prensa- fue calificado en su momento como uno de los casos más espinosos de la era de la gobernadora Roseana Sarney.

• Irregularidades

Según se denunció en su momento, entre otras irregularidades, el banco otorgó cuantiosos préstamos a personas ligadas al clan familiar, los que nunca fueron pagados. También se denunció que los directores de la entidad, nombrados por la gobernadora, fraguaron los balances del BEM.

La primera tentativa de privatización del banco se produjo poco después de la intervención, en julio de 2000, pero fracasó por falta de ofertas. El gobierno federal lleva inyectados 333 millones de reales -más de 92 millones de dólares al cambio actual- en su intento de rescatarlo de la quiebra.

El caso BEM, junto al hallazgo por parte de la policía federal, de una suma millonaria en efectivo en una empresa propiedad de Roseana y su marido, junto con papeles comprometedores en una causa por desvío de fondos públicos, terminó por derrumbar la candidatura presidencial de la ex gobernadora, que había arrancado la campaña para los últimos comicios liderando las encuestas. Roseana es hija de uno de los principales aliados actuales de Lula, el ex presidente y actual líder del Senado José Sarney. Ella es dirigente del ala del Partido del Frente Liberal (PFL) que apoya al gobierno.

Banco del Estado de Ceará (BEC). En su momento llegó a ser el 12º banco de América latina con menor tasa de riesgo. En 1995 el gobierno estadual anunció su intención de privatizarlo. Sus activos, que llegaron a ser de 1.000 millones de reales -unos 280 millones de dólares de hoy- se esfumaron y dos tercios de sus empleados.

Ciro Gomes, gobernador de Ceará entre 1991 y 1994 y actual ministro de Integración Nacional de Lula, se jacta de haber entregado al fin de su gestión un BEC floreciente. El hecho es que para fines de 1998 el banco estaba prácticamente quebrado.

Parlamentarios estaduales denunciaron una grave serie de irregularidades administrativas, por 900 millones de reales -250 millones de dólares: empresas con pésimas calificaciones de riesgo recibieron fuertes préstamos y hubo numerosos créditos jamás pagados otorgados con motivaciones políticas.

Banco del Estado de Santa Catarina (BESC). Fue intervenido por las autoridades federales en 1999 para evitar su liquidación. En su saneamiento el Banco Central invirtió unos 1.500 millones de reales -416 millones de dólares-, lo que convirtió a su rescate en el tercero más caro costeado por fondos de la Unión (el primero fue el del Banespa, San Pablo, por la friolera de 32.000 millones de reales, 8.900 millones de dólares de hoy). La diferencia entre el monto de ese rescate y lo que deje su venta al sector privado se convertirá en deuda para los contribuyentes de Santa Catarina con el Estado federal de aquí a 30 años.

Su privatización estaba prevista para el final del gobierno de Cardoso, pero un pedido expreso de Lula dejó el trámite a las nuevas autoridades. Para acallar las polémicas en torno a su privatización, el Central nombró al frente del BESC a uno de los líderes históricos del PT, Eurides Mescolotto.

Banco del Estado de Piauí (BEP). Piauí es uno de los tres estados gobernados en la actualidad por el PT, lo que hace singularmente polémica la privatización del BEP. La historia de su caída -y de su intervención en 2000- es similar a la de los ejemplos anteriores y su traspaso al sector privado fue frenada varias veces por el propio partido de Lula y por el sindicato de los empleados bancarios, que argumentaron objeciones al precio base establecido en 38 millones de reales -10,5 millones de dólares- por 69% de las acciones.