La Guardia Civil española ocupó el centro de recuento de votos y bloquea el referendo catalán

El gobierno de Rajoy considera que con esta decisión la consulta "ha sido anulada".

La Guardia Civil española verificó que el centro de telecomunicaciones del gobierno regional de Cataluña no podrá prestar servicio durante la jornada en la que está convocado un referendo secesionista.

Los agentes acudieron tras una orden judicial de la magistrada Mercedes Armas que obligó a los responsables del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) catalán a suspender el acceso a las aplicaciones informáticas que gestionan las bases de datos que las autoridades de Cataluña pretenden usar en la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional.

Tras esa medida el ministro portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que con el "bloqueo" de las instalaciones del CTTI "se ha asestado un golpe a la organización del referéndum ilegal".

La entrada de los agentes de la Guardia Civil en el CTTI impediría, según Méndez de Vigo, que se pudiera efectuar un eventual recuento de papeletas.

El Gobierno catalán, que confirmó la intervención de la Guardia Civil, advirtió de que el bloqueo del sistema informático para el voto telemático afectará de forma directa a los servicios que presta.

Esta medida judicial se une a otras adoptadas en días precedentes y que han llevado a la incautación de millones de papeletas de voto, propaganda electoral y notificaciones a ciudadanos para que formen parte de las mesas de votación.

Todas estas iniciativas llevaron a los impulsores de la consulta a afirmar que conseguir un millón de participantes mañana sería ya "un éxito desbordante", en palabras de la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

El Gobierno catalán ha convocado a 5,34 millones de personas a votar, dentro de una región cuya población asciende a 7,5 millones.

En rueda de prensa, el líder de la ANC criticó lo que denominó "sitio" del Gobierno español al referéndum soberanista del 1 de octubre y reconoció que "con esta presión puede ser difícil una alta participación".

"Un millón sería un éxito desbordante", dijo Sànchez, después de que en una votación popular informal y no vinculante que tuvo lugar en noviembre de 2014 los participantes fueran 2,3 millones.

Entonces los independentistas convirtieron su inicial objetivo de un referendo en un proceso de participación sin valor legal, a diferencia de ahora, cuando han impulsado medidas desde el Ejecutivo y el Parlamento regionales que han sido suspendidas por los tribunales españoles por ser contrarias a la Constitución.

Mientras tanto, la Policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) ha acudido ya a al menos 1.300 colegios de los 2.315 que dice haber dispuesto para la hipotética votación de este domingo con intención de clausurarlos y retirar cualquier material electoral que encuentren.

De ellos, 163 están ocupados por personas que tratan de evitar que sean cerrados y puedan ser empleados como centros de votación.

Este sábado se registraron asimismo concentraciones en diferentes ciudades de España en contra del referendo independentista.

En la capital catalana, Barcelona, varios miles de personas se manifestaron en favor de la unidad de España y contra la consulta mientras enarbolaban banderas españolas y catalanas.

Madrid, Sevilla, Toledo, Palma de Mallorca, Pamplona, Santander, Valladolid, Salamanca, Logroño o Vitoria fueron otras ciudades españolas que albergaron concentraciones de rechazo a los independentistas y en las que en total participaron varios miles de personas.

En ellas se reivindicó la "unidad de España" y la vigencia de la Constitución de 1978, algunos de cuyos artículos fueron leídos al final de los actos para subrayar la ilegalidad de la consulta soberanista catalana.