La legalidad de la guerra

La cuestión de la legalidad del ataque británico-estadounidense sobre Irak que se desatará probablemente en horas, genera una fuerte controversia entre analistas, juristas y diplomáticos. La ONU prohíbe el uso de la fuerza, salvo que sea con la aprobación del Consejo de Seguridad o en legítima defensa, que según la administración Bush se ubicaría en este caso en la figura de «legítima defensa preventiva».

Para el cuarteto de aliados del Consejo de Seguridad -EE.UU., Gran Bretaña, Bulgaria y España-la Resolución 1.441 sancionada por el cuerpo hace cinco meses es suficientemente explícita cuando habla de «graves consecuencias» si Saddam Hussein no procede al «desarme completo, inmediato e incondicional». «Graves consecuencias» es el eufemismo diplomático para ataque bélico, según la tradición histórica de resoluciones emitidas por el Consejo, por lo que no es necesaria otra resolución. Desde que 1990 Irak invadió Kuwait, se emitieron más de 50 resoluciones referidas al desarme de Saddam Hussein, algunas de las cuales fueron comprobadamente violadas, según la misión anterior de inspectores de la ONU que dejó Irak hace tres años. El procurador general británico Lord Goldsmith sostiene que el efecto combinado de las resoluciones 678, 687 y 1441 autorizan el uso de la fuerza militar «para restaurar la paz internacional».

Pero, según sostienen en el grupo liderado por Francia, en la Resolución 1.441 se hace referencia explícita a la necesidad de un nuevo dictamen que evalúe los informes proporcionados por los inspectores y decida en consecuencia los pasos a seguir. Para más argumentos, los inspectores de Naciones Unidas y de la Agencia Internacional de Energía Atómica, encabezados por el sueco Hans Blix y Mohammed El Baradei, no comprobaron ninguna proliferación de armas prohibidas en Irak y denunciaron que las pruebas aportadas por EE.UU. y Gran Bretaña eran endebles o falsas.

De hecho la existencia del inciso que fuerza una segunda resolución es el motivo fundamental por el que el dictamen 1.441 consiguió unanimidad cuando fue votado por todos los miembros del Consejo.

La cuestión de la legalidad no es un detalle menor, sobre todo en el frente interno de los distintos países. El juez español Baltasar Garzón advirtió hace una semana que, en el presente marco, los responsables del ataque podrían verse sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, en una alusión directa a la participación de José María Aznar en el impulso de la ofensiva. Advertencias similares contra Tony Blair fueron hechas en Gran Bretaña por legisladores del ala izquierda del Partido Laborista.

En tanto, la asesoría internacional del Ministerio del Exterior español redactó en octubre pasado un informe que advertía que «la legítima defensa preventiva no está incluida en la Carta de Naciones Unidas». «De una resolución que reactivase la autorización del empleo de la fuerza contra Irak no se podría deducir automáticamente el que implicase asimismo la licencia para cambiar el régimen imperante en Irak», señala en otro punto el informe, que indica que un ataque tendría que ser autorizado explícitamente, una posición que habría variado en el gobierno español.