La negociación para evitar una masacre

El gobierno argentino ya dejó de lado los devaneos indigenistas, brumosamente románticos, de su primera aproximación a la crisis boliviana en 2003. Ayer, pocas horas después de que renunciara el presidente Carlos Mesa, la Cancillería se expresó con los demás países del Grupo de Rio avalando sólo una salida institucional y constitucional para esa laberíntica crisis.

Quedó atrás no solamente el espontáneo acercamiento de Néstor Kirchner a Evo Morales, en su primera visita a Bolivia (cuando casi no quiso encontrarse con las autoridades constituidas) y también la última expresión de esa corriente: el envío a La Paz del piquetero Isaac Rudnik. Este desocupado (en realidad, ocupado como asesor de un subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores), está ligado a la radicalizada Federación Vecinal -Fejube- de El Alto, junto al líder del movimiento Barrios de Pie, que preside otro funcionario, Jorge Cevallos. Tanto Rudnik como Cevallos se fascinaron con «el Evo» durante una asamblea bolivariana convocada por Hugo Chávez en Caracas, el año pasado.

La moderación del gobierno argentino ante la crisis tiene bastante lógica. Si avanzara hacia el poder la trama de organizaciones insurgentes de tinte indigenista que domina hoy la escena boliviana, los problemas energéticos que ya sufre la región se agravarían de manera extraordinaria. Hasta el propio Morales lo advierte y emitió señales de equilibrio relativizando la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos. Claro, fue hace más de dos semanas. Ahora hasta el propio Morales parece desbordado por los demás movimientos sociales, más radicalizados que su Movimiento al Socialismo. Si este líder cocalero, con muchos viajes internacionales en su haber y un diálogo cada vez más frecuente con la embajada de los Estados Unidos en su país, llegara a la presidencia de Bolivia, tal vez no podría sostener su forzada marcha hacia el centro del arco político, sobre todo en materia energética. Sería un problema para toda la región pero también para él: el retiro de las multinacionales radicadas en el país supone también el de casi todo el saber técnico para la extracción y transporte de petróleo y gas.

La renuncia de Mesa fue un homenaje a la mediación del episcopado católico, que busca poner el poder en manos del único titular de una institución con cierto reconocimiento de los sectores indigenistas. Es el presidente de la Corte, Eduardo Rodríguez, quien providencialmente tiene asiento en Sucre y no en la sitiada La Paz. Un sólo déficit podría tener el encumbramiento, al solo efecto de convocar a elecciones para agosto, de este administrativista: su vinculación con Gonzalo Sánchez de Lozada, la «bestia negra» de todo el movimiento indigenista. Este ex mandatario, que abandonó el gobierno subido a un helicóptero, está encausado en la Corte por la represión sangrienta que dispuso mientras caía del poder.

• Comportamiento

Horas antes de la dimisión de Mesa, el gobierno seguía dando señales de un comportamiento extraño. Durante el almuerzo privado de cancilleres que se celebró el lunes en Fort Lauderdale, con motivo de la asamblea de la OEA, el canciller Juan Ignacio Siles rechazó cualquier mediación internacional y advirtió que si la OEA decidía aportar alguna salida a la crisis boliviana debería hacerlo excluyendo a su nuevo secretario general, José Miguel Insulza, por su condición de chileno (más curioso el requisito tratándose del hijo de una chilena, como es el caso de Siles). Condoleezza Rice, presente en la reunión, hizo señales de no entender.

La consagración del presidente de la Corte como titular del Estado, supone que los obispos deberán conseguir el renunciamiento de Hormando Vaca Díez, titular del Senado y odiado por su condición de cruceño y por algunos antecedentes represivos en su currículum. Sólo ofreciendo la cabeza de este antiguo militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria el cardenal Julio Terrazas podría mantener la interlocución con un movimiento indigenista que desconfía del episcopado por considerarlo incluido en la «oligarquía». Instalado en el palacio de gobierno en La Paz, tal vez Vaca Díez no duraría más de un día en el poder. Pesa sobre él el fantasma de Gulberto Villarruel, aquel presidente «de facto» al que una sublevación de indígenas sacó de su despacho y colgó en la Plaza Murillo, de un farol que todavía hoy se conserva (le dieron una Coca-cola antes de matarlo a este militar amigo de Juan Perón). ¿Podría suceder lo mismo con el titular del Senado? Así están las cosas en Bolivia.

Tampoco podrían los prelados ejercer una mediación eficaz con la candidatura del presidente de la Cámara de Diputados como titular interino del Estado. Si Vaca Díez es odiado por su vinculación con las clases altas de Santa Cruz, Mario Cossío está identificado con la otra oligarquía boliviana, la que basa su poderío en Tarija.

La misión que se impusieron los obispos es de final incierto. A pesar de que la operación boliviana está a cargo de sacerdotes con bastante gravitación en el Papado. Mano derecha de Terrazas en la gestión política que está llevando adelante es Jesús Juárez, un obispo conservador diocesano de El Alto (la ciudad de residencia de los indigenistas movilizados). Amigo del argentino Justo Laguna, Juárez es el secretario general de la Conferencia Episcopal boliviana. Con un perfil mucho más bajo se mueve Sebastián Obermaier: se trata de un alemán, originario de Baviera, contacto de los obispos de Bolivia con los de las prósperas diócesis germanas. A él se debe, dicen, que Benedicto XVI ya se haya referido a la crisis de Bolivia.

Mientras estos sacerdotes se siguen moviendo tras la escena, La Paz sigue aislada por el corte de la única carretera que la une a El Alto, la ciudad vecina donde, además de vivir todo el personal que presta servicios en la capital, están los depósitos de gas y los depósitos de alimentos. ¿Quién financia a los insurgentes? ¿Chávez? ¿Sánchez de Lozada? ¿Ambos, por distintas razones? Como en toda crisis, el pasado y el presente parecen superponerse más que de costumbre: en 1781, La Paz estuvo sitiada por dos meses por Tupac Atari, lugarteniente aymara de Tupac Amaru. Su cuartel general, como el de los actuales líderes indígenas, estaba en El Alto, que era un descampado. La madre chilena del canciller Siles escribió un libro sobre aquella experiencia, «El cerco de La Paz». El trotskista Felipe Quispe lo leyó en la cárcel y se inspiró en aquellos hechos para lo que sucede en estos días.