Mano dura: Berlusconi frena a ilegales y militariza Nápoles

Silvio Berlusconi

Roma (EFE, AFP, ANSA, DPA) - El gobierno italiano encabezado por Silvio Berlusconi aprobó ayer que la inmigración ilegal sea considerada un delito y elevó al Congreso un proyecto de ley en ese sentido, tras una reunión de gabinete celebrada en Nápoles, ciudad que será militarizada por la crisis de la basura.

La reintroducción del delito de inmigración clandestina, que ya rigió durante la anterior etapa como primer ministro de Berlusconi, se concretará en penas que van de los seis meses a los cuatro años.

El ministro del Interior, el dirigente de la considerada xenófoba Liga Norte, Roberto Maroni, dijo que «las nuevas medidas harán más fácil la expulsión» de los inmigrantes, además de acelerar los procesos judiciales y de deportación». Maroni, al igual que otros ministros, compareció en conferencia de prensa acompañado por el premier para explicar durante más de una hora las medidas adoptadas que, además de la lucha contra la inmigración, incluyen el combate a la mafia, la supresión de ciertos impuestos y un nuevo intento de arreglar la crisis de la basura en Nápoles.

Fue precisamente en la cuestión de los desechos donde Berlusconi enseñó su músculo de hierro: los basureros serán «zonas militarizadas».

La medida extraordinaria fue explicada por el jefe de Gobierno. «Uno de los principios que inspirará la acción política será hacer retornar el Estado a ser Estado». Berlusconi reforzó esa declaración al señalar que «un Estado debe garantizar la legalidad sobre todo el territorio y ante todos los ciudadanos».

El magnate de los medios extendió esa acción del Estado a «la seguridad, al del miedo que tienen los ciudadanos y a su derecho a no tenerlo. El derecho a no tener miedo es un derecho básico y un Estado, que quiere ser tal, debe garantizarlo a sus ciudadanos», dijo.

En ese contexto, el gobierno aprobó treinta medidas, entre las que figuran varias contra la inmigración irregular a partir de su tipificación como delito.

También se penaliza a los italianos que cooperen con los sin papeles, ya que se confiscarán las viviendas de quienes las hayan alquilado a inmigrantes sin documentos en regla.

Las nuevas reglas alcanzan incluso a los ciudadanos comunitarios, ya que entre las normas aprobadas figura una que da más poder a los alcaldes para «una mayor verificación -según Maroni-de los requisitos exigidos a los ciudadanos comunitarios para poder residir sobre el suelo italiano».

Entre esos requisitos, figura el de que «los ciudadanos tengan ingresos adecuados para poder mantenerse y mantener a su familia y que no obligue al Estado a poner al ciudadano a cargo de la seguridad social», explicó Maroni.

El ministro declaró que tal medida está incluidaen la norma sobre libre circulación de los ciudadanos europeos y dijo que todo se hizo con «pleno y total respeto de la normativa comunitaria». La propuesta fue criticada por la oposición de centroizquierda y otros grupos por cuestiones humanitarias.

El gobierno también aprobó veinte medidas contra el crimen organizado, como la agilización del proceso para entregar al Estado los bienes confiscados a la mafia y «ponerlos a disposición de la comunidad».

A esas se añaden otras contra la delincuencia común, como la creación de agravantes para los delitos perpetrados contra personas ancianas o minusválidas.

El Consejo de Ministros tuvo también una vertiente económica, con la supresión del impuesto de bienes inmuebles para la primera casa y una reducción fiscal sobre las horas extraordinarias y las primas ligadas a la productividad.

Esas medidas tendrán un costode entre 2.700 y 2.800 millones de euros, según el ministro de Economía, Giulio Tremonti. Mientras se celebraba el Consejo de Ministros, se desarrollaron ayer en Nápoles nueve manifestaciones, unas para exigir que no se creen basureros en determinados lugares, otras de inmigrantes contra las medidas que consideran «racistas» y otras para reclamar puestos de trabajo.