La ONU y decenas de países le exigieron a Nicaragua que libere a los opositores

La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, demandó además garantías para la elección presidencial de noviembre. Duro pronunciamiento de 59 naciones y de Human Rights Watch.

Daniel Ortega buscará en noviembre su tercera reelección consecutiva.

Ginebra - La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió ayer enérgicamente al régimen nicaragüense de Daniel Ortega a liberar a los opositores detenidos en las últimas semanas y a asegurar la limpieza del próximo proceso electoral.

“Emplazo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral”, dijo la expresidenta de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, llamando a “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.

Bachelet urgió a “cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

Horas antes de la reunión de la ONU en Ginebra, la oenegé Human Rights Watch había instado al secretario general de la ONU, António Guterres, a llevar el caso de Nicaragua al Consejo de Seguridad del organismo e implementar sanciones contra los responsables de “graves abusos a los derechos humanos”.

En paralelo a la sesión de Naciones Unidas, 59 países, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Brasil y España, también llamaron a Managua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes. La Argentina, por su parte, emitió un comunicado en el que resumió su postura (ver recuadro aparte).

“Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas”, agregaron esos países, que llamaron a Managua a “comprometerse con la comunidad internacional” y a “permitir la presencia de observadores electorales internacionales”.

“Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas, mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica”, concluyeron las 59 naciones.

Ante el Consejo, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, denunció por su parte las “acciones injerencistas” de Estados Unidos y de las naciones europeas y defendió que las leyes en Nicaragua, que “se respetan”, “son similares o iguales a la de cualquier país del mundo”.

A menos de cinco meses de las elecciones generales del domingo 7 de noviembre, las autoridades del país centroamericano han detenido a 19 opositores, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia, el último de ellos la ex primera dama María Fernanda Flores, el lunes.

A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes cometan actos que “menoscaban la independencia, soberanía” e inciten “a la injerencia extranjera”.

Estas detenciones, según los analistas, buscan despejar el camino para la reelección del sandinista Ortega para un cuarto mandato consecutivo.

Ortega, de 75 años, encara una crisis política desde 2018, tras manifestaciones contra su Gobierno que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.