Nuevo arresto de Pinochet, ahora por cuentas secretas

Augusto Pinochet, al dejar el Hospital Militar el 10 de agosto pasado. Fue una de las últimas veces que se lo vio en público.

Santiago (AFP, ANSA, Reuters) - A dos días de cumplir 90 años, Augusto Pinochet sumó ayer un nuevo arresto a su vida, en este caso por evasión tributaria y otros delitos vinculados con las millonarias cuentas secretas que mantuvo en bancos de Estados Unidos y de otros países.

El ex gobernante de facto chileno (1973-1989) cumplirá su arresto, dictado por el juez Carlos Cerda, en su residencia del barrio La Dehesa, al este de la capital chilena. Allí fue notificado de la decisión judicial por una funcionaria de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El juez, uno de los primeros que se atrevió a procesar a funcionarios del régimen militar, concedió la libertad provisional a Pinochet, previo pago de una fianza de 12 millones de pesos (u$s 22.600), que deberá ser ratificada o revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

«No ha habido comisión de delito de ninguna especie», aseguró el abogado defensor del ex dictador, Pablo Rodríguez, al señalar que Pinochet «es un hombre perseguido por el marxismo internacional».

El juez Cerda tomó su decisión después de someter al general Pinochet a tres interrogatorios en las últimas dos semanas para aclarar el origen de sus bienes y esas cuentas ocultas por un valor estimado en u$s 27 millones. En concreto, se acusa a Pinochet por delitos de fraude tributario, falsificación de documentos y omisión maliciosa de información en la declaración de sus bienes que entregó en 1989.

• Sin fuero

Cerda actúa con el respaldo de la Corte Suprema, que el 19 de octubre pasado privó de su fuero al ex dictador (1973-1990) para que enfrentara un proceso, tras las acusaciones que presentaron en su contra el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y familiares de los más de 3.000 muertos y desaparecidos durante su régimen, que reclaman compensaciones. «El enriquecimiento ilícito de Pinochet permitió las violaciones a los derechos humanos», dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Las cuentas secretas en bancos de Estados Unidos y de Europa fueron descubiertas a mediados de julio del año pasado por una comisión del Senado norteamericano que investigaba operaciones de lavado de dinero para financiar organizaciones terroristas.

• Complicidad

En Chile, las primeras investigaciones estuvieron en manos del juez Sergio Muñoz, que en agosto pasado mantuvo bajo arresto a la esposa del ex dictador, Lucía Hiriart, y al menor de sus cinco hijos, Marco Antonio Pinochet Hiriart, a quienes acusó de complicidad en las operaciones bancarias del principal imputado. Desde octubre, Muñoz ( ascendido) fue reemplazado por Cerda. Este juez había adquirido notoriedad en marzo de 1986, cuando abrió un proceso contra el ex integrante de la Junta Militar de Gobierno, general Gustavo Leigh, y otros 40 miembros de la Fuerza Aérea, a quienes responsabilizó por la desaparición de decenas de presos políticos bajo la dictadura. Ese proceso, finalmente archivado, le valió muchos inconvenientes a Cerda con los gobernantes de entonces.

La de ayer es la cuarta vez que Pinochet enfrenta un arresto en los últimos siete años, después que fuera detenido en Londres en octubre de 1998 y liberado 17 meses después por razones humanitarias, pese al pedido de extradición que planteó sin éxito ante Gran Bretaña el juez español Baltasar Garzón.

De regreso en Chile, Pinochet fue arrestado durante seis semanas entre febrero y marzo de 2001, cuando el juez Juan Guzmán Tapia lo inculpó en decenas de asesinatos y secuestros que ejecutó la « Caravana de la Muerte», una comitiva militar que por orden suya recorrió el país un mes después del golpe que lo instaló en el poder. El proceso quedó archivado en julio de 2002 en la Corte Suprema, que sobreseyó a Pinochet al considerar que una demencia moderada le impedía defenderse. Pero el mismo juez Guzmán Tapia, retirado del Poder Judicial hace siete meses, volvió a mantener bajo arresto domiciliario a Pinochet durante nueve días, en enero pasado, por los crímenes de la «Operación Cóndor» de las dictaduras sudamericanas. El juicio también concluyó sin sanciones a mediados de setiembre pasado, cuando la Corte Suprema aceptó nuevamente que la salud mental de Pinochet le impedía comparecer ante un tribunal.