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Los hechos ocurrieron apenas un día después de que el gobierno regional de Rio de Janeiro anunció las medidas especiales que puso en marcha para garantizar la seguridad de los miles de turistas que han comenzado a llegar a la ciudad para la fiesta de Réveillon, como se conoce en Brasil la despedida del año.
Las autoridades calculan que al menos dos millones de personas, entre ellos unos 593.000 turistas extranjeros y brasileños, asistirán a la fiesta en la playa de Copacabana, que este año será animada por un espectáculo de fuegos artificiales que durará 16 minutos.
En la vecina playa de Ipanema, al menos otro medio millón de personas asistirá a una fiesta animada por la banda estadounidense Black Eyed Peas.
El alcalde de Rio de Janeiro, César Maia, se apresuró a asegurar que la presencia policial será reforzada para el Réveillon y que los ataques de ayer no deben preocupar a los turistas.
Pese a las garantías, el presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Hotelera, Alfredo Lopes, dijo que la violencia agrava aun más la situación provocada por el caos aéreo que vivió Brasil en los últimos días con la cancelación y atrasos de vuelos.
Lopes aseguró que 5% de las reservas internacionales ya habían sido canceladas por el caos aéreo y que, aunque no cree en cancelaciones de última hora por causa de la violencia debido a que los viajes ya fueron pagados, sí puede esperarse una reducción del flujo de turistas para las próximas semanas.
Los ataques de Rio de Janeiro fueron similares a los perpetrados en mayo pasado en San Pablo por grupos criminales que protestaron por el traslado de sus líderes a cárceles de seguridad máxima.
La ofensiva criminal en San Pablo contra autobuses, bancos y puestos policiales dejó entonces 133 víctimas.
El secretario de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, Roberto Precioso, dijo que la ofensiva de ayer también fue ordenada desde las prisiones por los jefes de las bandas de narcotraficantes y en una reacción frente a las acciones de la policía contra el tráfico de drogas y a la posibilidad de que sea adoptado un nuevo y más severo régimen disciplinario en las prisiones.
Por su parte, el secretario de Administración Penitenciaria, Asterio Pereira, afirmó que la ofensiva fue una reacción del narcotráfico al surgimiento y la expansión de grupos paramilitares, que ya han desalojado a los vendedores de drogas de unas 80 favelas.
Tales grupos, conocidos como «milicias», supuestamente son integrados por policías y se han propuesto acabar con el poder de los narcotraficantes en las favelas.
En carteles arrojados a la calle, los atacantes acusaron a la gobernadora de Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, de incentivar la creación de los grupos paramilitares. Por el momento, la gobernadora rechazó el envío de fuerzas federales para frenar la crisis.




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