Un alcalde peruano linchado por una turba hace un año por sospechas de corrupción y nepotismo no era culpable de tales cargos, según la Contraloría General de Perú.
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Dos informes preliminares de la Contraloría publicados hoy en el diario oficial "El Peruano" exculpan a Cirilo Robles, que era alcalde la provincia surandina de Collao, de irregularidades en dos obras que ocasionaron un perjuicio económico a las arcas municipales de unos 29.000 dólares.
El 26 de abril de 2004, azuzados por opositores a Robles, que le acusaban de corrupción y nepotismo, un grupo de vecinos sacó al alcalde de su casa y lo llevó maniatado a la plaza principal de Ilave, donde se habían concentrado unas 15.000 personas.
Robles fue golpeado hasta morir y 42 personas están procesadas por presunta responsabilidad en su linchamiento, incluido el ex teniente de alcalde Alberto Sandoval.
Fuentes de la Contraloría explicaron que Robles no participó en las decisiones que provocaron la paralización en 2003 del asfaltado de la carretera Ilave-Mazocruz por no contar con un expediente técnico aprobado.
En ese caso, la Contraloría ordenó al procurador público iniciar las acciones legales correspondientes por el perjuicio económico de 58.808 nuevos soles (unos 18.000 dólares) al patrimonio del Estado.
En el segundo informe de contraloría, la entidad supervisora concluyó que Robles tampoco tuvo que ver con el pago irregular de 34.987 nuevos soles (unos 10.000 dólares) por revestir unas escaleras del complejo municipal de Collao con piedra blanca y restos de lápidas funerarias en lugar de mármol como estaba fijado.
Las fuentes consultadas precisaron que aún restan otros seis informes de la contraloría sobre la gestión de Robles.
El linchamiento de Robles provocó la salida del entonces ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, y la realización de nuevas elecciones municipales en su distrito.
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