Polémica prohibición de crucifijos en escuelas italianas

El Vaticano evitó pronunciarse al respecto.

La Corte Europea de Derechos Humanos estableció que la presencia de crucifijos en las aulas escolares representa una violación de los derechos de los alumnos y de sus padres, un fallo contra el cual el gobierno italiano anunció un recurso contra una medida rechazada incluso por la oposición.

La corte estableció este principio acogiendo un recurso presentado por Soile Lautsi Albertin, una ciudadana italiana originaria de Finlandia, que pidió a la escuela pública que frecuentan sus dos hijos en Abano Terme, en provincia de Padua (norte del país) que quitaran los crucifijos de las clases, en nombre del principio de la laicidad del Estado.

Esto marcó el comienzo de una larga batalla legal emprendida por la mujer, primero ante la justicia italiana -que se negó a darle la razón, sosteniendo que el crucifijo es un símbolo de la historia italiana, y por lo tanto de la identidad del país- y luego ante la europea.

Los siete jueces de la alta corte europea, con sede en Estrasburgo -entre los cuales un magistrado italiano, Vladimiro Zagrebelsky- partieron del hecho que "la presencia del crucifijo, que es imposible no notar en las aulas escolares, podría fácilmente ser interpretada por los estudiantes de todas las edades come un símbolo religioso".

La corte subrayó que "no logra comprender cómo la exposición, en las clases de las escuelas del Estado, de un símbolo que puede ser razonablemente asociado con el catolicismo, pueda servir al pluralismo educativo que resulta esencial para la conservación de una sociedad democrática, tal como es concebida por la Convención europea de derechos humanos, y reconocido por la Corte Constitucional italiana".

Pocas horas después de ser conocido el fallo, la ministra italiana de Educación, Maria Stella Gelmini, difundió una nota en la que se informa que "el gobierno ha presentado un recurso contra la sentencia" ante la misma corte de Estrasburgo.

Si el tribunal acepta este recurso, el caso deberá ser examinado en la Gran Cámara, el órgano de la alta corte que debe dirimir cuestiones vinculadas con la interpretación de los tratados europeos.

En caso contrario, la sentencia se volverá ejecutiva en un plazo de tres meses, y será entonces el Consejo de Europa el que decidirá en un plazo de seis meses cuales son las acciones debidas de parte del Estado italiano.

Mientras tanto, el fallo de Estrasburgo ha causado revuelo en la clase política italiana, donde muchos se han declarado de acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini, quien dijo esperar que "no se celebre esta sentencia como una justa afirmación de la laicidad de las instituciones, un concepto muy diferente de la negación del papel del cristianismo en la identidad italiana, típica del laicismo más deletéreo".

Pier Luigi Bersani, líder del Partido Democrático (PD, centro-izquierda y principal fuerza de la oposición), expresó su acuerdo con esta toma de posición, subrayando que "una antigua tradición, como es la del crucifijo, no puede resultarle ofensiva a nadie".

Por su parte Massimo Donadi, jefe de la bancada de Italia de los Valores (IdV, el partido del ex fiscal anti-corrupción Antonio Di Pietro, segunda fuerza de la oposición parlamentaria) observó que "la sentencia de Estrasburgo no es una respuesta adecuada a la exigencia de laicidad del Estado, que de por sí es legítima y compartible".

Pierferdinando Casini, líder de la Unión Democrática de Centro (UDC, oposición democristiana) comentó a su vez que el fallo de la Corte de derechos humanos "es consecuencia directa de la cobardía de los gobernantes europeos, que no quisieron mencionar las raíces cristianas en la Constitución europea".

Y aunque la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) criticó la sentencia, sosteniendo que nace de una "visión unilateral e ideológica", desde el Vaticano monseñor Antonio Maria Veglió, presidente del Consejo Pontificio de la Pastoral para los Migrantes, no quiso hacer comentarios antes de conocer las motivaciones del fallo.

La decisión fue celebrada por Raffaele Carcano, secretario nacional de la Unión de los Ateos y Agnósticos Racionalistas, quien dijo que "marca un gran día para la laicidad italiana".

Paolo Ferrero, secretario del Partido para la Refundación Comunista (PRC, sin representación parlamentaria), subrayó a su vez que "un Estado laico debe respetar las diferentes religiones, pero sin identificarse con ninguna".