Washington - Una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación -sin excepciones por violación o incesto- entró en vigor ayer en el estado de Texas, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos renunciara a pronunciarse ante una solicitud de emergencia para frenarla.
Texas limita severamente el aborto y abre un posible cambio de época en los EE.UU.
La norma alcanza al 85%/90% de las intervenciones y establece incentivos para que ciudadanos comunes las denuncien. La Corte Suprema, de composición más conservadora, declinó pronunciarse. El Gobierno demócrata reaccionó con furia. La sentencia Roe vs. Wade, en cuestión.
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REACCIÓN. El presidente Joe Biden fustigó la nueva ley de Texas contra el aborto y prometió “proteger y defender” el derecho de las mujeres a interrumpir embarazos.
El gobernador republicano Greg Abbott promulgó en mayo la ley que prohíbe el aborto una vez que se puede detectar un latido fetal, lo cual suele darse alrededor de la sexta semana de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. La norma convierte al estado sureño de Texas en el más restrictivo del país para abortar y establece un caso testigo que podría ser imitado por otros distritos de perfil conservador.
Si bien ya se han aprobado prohibiciones similares en una docena de estados, hasta ahora todos habían sido bloqueados en los tribunales para que no entraran en vigor. Sin embargo, hacia la medianoche del martes, la Corte Suprema declinó pronunciarse sobre esta ley, lo que abre la puerta a un cambio de jurisprudencia amplio que amenaza el derecho a la interrupción de los embarazos en Estados Unidos.
Sin embargo, el alto tribunal aún puede aceptar la solicitud de tratamiento de emergencia de grupos de derechos humanos y civiles como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Planned Parenthood (Planificación parental), el Centro de Derechos Reproductivos, así como proveedores de servicios de aborto, para detener el llamado “proyecto de ley del latido del corazón”.
La Corte deberá ocuparse en las próximas semanas de un caso que se refiere a una ley del estado de Misisipi que prohíbe los abortos después de la semana 15 de embarazo, excepto en casos de emergencia médica o una anomalía fetal grave. Será el primer caso sobre aborto considerado por el máximo tribunal de la nación desde que el expresidente republicano Donald Trump consolidó una mayoría conservadora de 6 a 3 en el panel de nueve miembros.
El presidente Joe Biden reaccionó duramente y prometió ayer defender el derecho de las mujeres al aborto.
“Esta ley radical de Texas viola descaradamente el derecho constitucional establecido en el caso Roe vs. Wade y mantenido como precedente durante casi medio siglo”, señaló citado en un comunicado, refiriéndose al histórico fallo de la Corte Suprema de 1973 que estableció el derecho al aborto en Estados Unidos. “Protegeremos y defenderemos” ese derecho, subrayó.
Esa sentencia permitió el aborto mientras el feto no sea viable, lo que suele ocurrir hacia las semanas 22 a 24 de embarazo.
“La ley de Texas afectará significativamente el acceso de las mujeres a la atención médica que necesitan, particularmente para las comunidades de color y las personas con bajos ingresos”, añadió en un comunicado. “Y, de forma vergonzosa, permite que ciudadanos privados entablen demandas contra cualquiera que crean que ha ayudado a otra persona a abortar”, denunció también.
Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que el hecho de que la Corte Suprema no interviniera “provocó una catástrofe para las mujeres en Texas”.
“Esta ley radical es un esfuerzo total para borrar los derechos y protecciones de la Roe vs. Wade”, alertó.
“Aproximadamente, entre el 85 y el 90% de las personas que se someten a un aborto en Texas tiene al menos seis semanas de embarazo, lo que significa que esta ley prohibiría casi todos los abortos en el estado”, protestó la ACLU, que denunció una norma “descaradamente inconstitucional”.
La ley de Texas permite a los ciudadanos comunes -en lugar de a los funcionarios estaduales, los fiscales o los departamentos de Salud- hacer cumplir la prohibición. Ese rasgo “crea un esquema de caza de recompensas que alienta al público en general a entablar demandas contra cualquiera que crea que ha violado la prohibición”, indicó la ACLU.
“Cualquiera que demande con éxito a un trabajador de un centro de salud, un proveedor de servicios de aborto o cualquier persona que ayude a alguien a acceder a un aborto después de seis semanas será recompensado con al menos 10.000 dólares, pagados por la persona demandada”, explicó.
“Los grupos antiaborto en Texas ya han creado formularios online para que las personas demanden a cualquiera que crean que está violando la ley y alentando a las personas a enviar ‘denuncias anónimas’ sobre médicos, clínicas y otras personas que violan la ley”, resaltó la ACLU.
Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, sostuvo que el proyecto de ley de Texas obligará a las mujeres a “viajar fuera del estado, en medio de una pandemia, para recibir atención médica garantizada constitucionalmente”.
La presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, puntualizó que se le pide a la Corte Suprema “que mantenga 50 años de precedentes y se asegure de que a los tejanos no se les niegue su derecho constitucional al aborto”.



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