29 de abril 2004 - 00:00

Un desafío a la Europa ampliada

París- Sin duda, uno de los factores que permitenvislumbrar el grado de progreso de una determinada comunidad es el nivel de empleo que puede generar a sus componentes. Se suele afirmar que las sociedades desarrolladas suministran a sus miembros amplias y abundantes oportunidades laborales, mientras que las sociedades en crisis, o no desarrolladas, no tienen esa capacidad y van direccionando a sus habitantes hacia otros lugares o países en los cuales el empleo o el progreso puedan ser conseguidos. Allí tienen su origen algunas corrientes migratorias.

El segundo elemento de evaluación del progreso relacionado con el empleo es el relativo a la calidad y especialización de este último. En las sociedades desarrolladas, el progreso y el aumento del nivel de vida llevan a sus habitantes a desdeñar la prestación de determinadas labores o servicios básicos para aspirar a puestos de trabajo más sofisticados y calificados.

Mientras, en las sociedades no desarrolladas, emergentes o en crisis, lo que se busca es simplemente poder obtener alguna clase de empleo, independientemente de su calidad o su nivel, en la medida en que tal posibilidad es escasa o inexistente en el lugar de origen. Y ello no debería generar conflicto alguno con los países receptores en la medida en que los inmigrantes tomarían los puestos de trabajo y el nivel de labores que los nativos o habitantes del lugar han abandonado.

• Complicaciones

Hasta aquí todo parece ser razonable desde el punto de vista teórico. Sin embargo, desde el punto de la realidad, las cosas pueden complicarse por dos factores: 1) puede ocurrir que aun en los países desarrollados se generen bolsones de ineficiencia o procesos recesivos con otro origen -político, financiero, bélico, conformación de uniones nacionales u otros-que puedan afectar los niveles potenciales de empleo o inquietud social respecto de la posibilidad de perder los empleos que se tienen, por una parte; y 2) puede darse -también- que la inmigración que accede a los niveles básicos de empleo llegue con una preparación superior a la que tienen los que desempeñaban esas funciones, o con una disposición al sacrificio para la búsqueda del progreso de la que no dispongan los trabajadores locales. Allí las cosas se complican.

Por lo pronto, en lo que a Francia se refiere, a pesar de las enormes expectativas que tienen los ciudadanos de los diez nuevos estados miembro de la Unión Europea que se incorporarán plenamente el día 1 de mayo, fecha de la adhesión, las autoridades han resuelto colocarles la misma barrera de admisión para la libre circulación de personas que la colocada para los extracomunitarios: cinco años. Sin embargo, gozarán de un privilegio especial los investigadores, estudiantes y prestatarios de servicios que podrán instalarse libremente al igual que los empleados temporales que desarrollan trabajos en el campo.

El ministro de Empleo, Trabajo y Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, enfrenta hoy un alza del desempleo a una tasa de 9,8%, con cerca de 3 millones de personas sin trabajo, y el mantenimiento de la barrera de admisión es casi una exigencia de los votantes. Sin embargo, y pese a los controles, tanto en Francia como en el resto de los países de la Unión Europea, en particular España e Italia, los inmigrantes ilegales -y los que posteriormente se legalizan-siguen ingresando para cubrir aquellas tareas que los locales ya no desean efectuar. Así, 63% de las empleadas del sector doméstico son latinoamericanas, provenientes especialmente de Perú, Ecuador y República Dominicana; las damas de compañía y cuidadoras de enfermos son polacas, ucranianas, moldavas o rumanas -todas con un alto grado de escolarización: 18% cuenta con licenciaturas, 40% son diplomadas en alguna disciplina y 36% tiene título habilitante en el sector-; los jardineros y camareros provienen de Asia y Africa; al igual que los choferes, taxistas, telefonistas y conserjes de hotel.

Lo curioso de este fenómeno, vinculado con las prestación de servicios básicos y en especial de ayuda doméstica, es que ha conformado -en términos del profesor de Política Social de la Universidad de Padua
Alessandro Castagnaro- una suerte de «revolución oculta» que arrasa con las barreras políticas o legales que se puedan imponer.

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