Un proceso electoral sometido a presiones

Las pautas constitucionales que rigen el proceso electoral norteamericano nos resultan familiares. En efecto, no difieren sustancialmente del régimen que regulaba el sistema de elección del presidente y vice antes de la reforma de nuestra ley suprema en 1994. Se trata de un mecanismo de designación indirecto, en el que cada estado elige un determinado número de electores, que tienen luego la carga de ungir al máximo mandatario. Este procedimiento, más allá de alguna virtud que no viene al caso mencionar y que se relaciona con el equilibrio de fuerzas en un estado federal, ostenta una clara debilidad frente al desafío de erigir autoridades con legitimidad popular.

Tal como se produjo hace cuatro años, puede resultar electo un candidato que, en los hechos, haya obtenido menos votos que su oponente, pero más electores. Ese es nuevamente un escenario posible. Prueba de ello es que la campaña de los últimos días se centra en estados en los que el equilibrio de fuerzas entre los dos partidos mayoritarios es inestable y donde se halla en juego el máximo número de electores, más allá de cuántos ciudadanos en condiciones de votar los habiten.

Ahora bien, esta «disfuncionalidad» del régimen -explicable con argumentos de orden histórico- no es la única y, tal vez, sea la menos grave. En los comicios que se produjeron hace cuatro años, el sistema judicial del país más poderoso del mundo puso en juego el prestigio de su pieza clave -la Corte Suprema- para resolver un conflicto radicado en otro orgullo nacional, su tecnología. No es necesario recordar aquí todos los detalles, pero basta mencionar que los sistemas de voto electrónico utilizados en el estado de Florida -que gobierna el hermano del actual presidente- fueron seriamente puestos en duda; y la posibilidad de continuar con un recuento manual de los votos, cercenada por decisiones administrativas y judiciales. Se instaló allí y por primera vez la sospecha de «fraude» en el país que ha sido el modelo de todas las democracias occidentales. Por último, mucho se discutió también en aquel momento acerca del costo exorbitante y las fuentes de financiamiento de las campañas electorales.

El tiempo ha pasado, las reformas normativas en el plano instrumental han sido muchas, pero la situación es incierta y, por sobre todas las cosas, prima un «halo de desconfianza» en el proceso.

Para tratar de evitar la reiteración de esos viejos problemas y la generación de otros, principalmente vinculados con la masiva participación de electores en un sistema de registro voluntario, se han dictado más normas y más complejas, que establecen los estándares mínimos de seguridad llamadas «urnas electrónicas». No puede perderse de vista, en este tema, que existe infinidad de sistemas que conviven a la vez y que fueron elegidos por autoridades locales. El hecho de que aún dentro de ciertos estados coexistan varios tipos de «urna electrónica» explica que ese «mercado tecnológico» haya florecido de un modo exponencial. También se han modificado las previsiones en materia de financiamiento de las campañas y se han fortalecido sustancialmente los sistemas de control de la identidad del votante.

• Control parcial

Ahora bien, los resultados de la aplicación de esas regulaciones no parecen, al menos hasta hoy, surtir el deseado efecto. Basta mencionar que ya se ha comprobado y reconocido que las campañas han sido, sin duda alguna, las más caras de la historia y que el control de las fuentes de financiamiento sólo se aplicará parcialmente a los fondos que las alimentan, pues gran parte ha sido recaudada antes de que se dictaran las nuevas regulaciones o durante su debate, de modo de evitar que se halle alcanzado por su aplicación. Por otra parte, las públicas fortunas personales de los candidatos son un velo para el conocimiento masivo de sus fuentes de recursos.

En el plano de las regulaciones destinadas a asegurar la transparencia del voto por medios técnicos, ya se han planteado controversias serias en torno del sufragio de quienes anticiparon su participación, en razón de haber adelantado que estarían ausentes en sus lugares de votación en la fecha de la elección. La falta de transparencia del sistema ha sido denunciada por el centro Carter -una organización que ha hecho de la observación electoral su bandera en Latinoamérica-, y la ausencia de medios efectivos para realizar auditorías técnicas por parte de las agencias del estado federal, por cierto más respetadas que las locales, es hoy un tema recurrente en los medios de comunicación masiva.

En este contexto, y con proyecciones que muestran a los dos principales candidatos «demasiado cerca» en las encuestas, todo sistema electoral está sometido a enormes presiones, y se halla en juego la confianza del votante en el resultado de la elección, lo que podría mellar, en aún mayor medida, la percepción de legitimidad electoral del próximo presidente de los Estados Unidos. Ante circunstancias extremas, corresponde siempre volver a los principios fundamentales. No olvidemos nunca que el poder es sólo un sistema de creencias.